Unos 281.355 pesos es la deuda con la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) que el cuádruple femicida Ricardo Alberto Barreda contrajo en vida por la casona de 48 entre 11 y 12, donde el 15 de noviembre de 1992 consumó la masacre de su esposa, su suegra y sus dos hijas.
Gran parte de esa deuda (unos 230 mil pesos) está judicializada. La Agencia intenta cobrar esa suma mediante cuatro juicios de apremios que están en curso. El primero de ellos se inició en el año 2005.
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Las cifras de la deuda a la accedió 0221.com.ar surgen de un relevamiento de bases de datos judiciales y tributarias que son de acceso público, como la web de ARBA y de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
La muerte del múltiple asesino abre un nuevo escenario ya que quienes reclaman la posesión de los bienes de la familia deberán afrontar el pago de las deudas como herederos de acervo.
Tal como en su momento adelantó en exclusiva 0221.com.ar, la primera de las sentencias fue dictada en el juzgado Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, donde se le reclamó una porción del pasivo con ARBA, por el período 2012/2017, cuya suma asciende a poco más de 26 mil pesos.
Además del Gobierno provincial, la Municipalidad de La Plata y ABSA, figuran en su cartera de acreedores. La comuna le reclama el pago de más de 80 mil pesos por la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM).
Cabe recordar que en 2012 el Gobierno bonaerense expropió la vivienda de Barreda. En 2015 una jueza Civil y Comercial de La Plata lo declaró indigno de heredar el 50% del inmueble que perteneció a su esposa asesinada y esa herencia es reclamada por sobrinos de Gladys Mac Donald, ex mujer del femicida. En caso que la herencia se declare vacante, los bienes pasarán al Estado provincial, pero si el sobrino de Barreda es decretado como heredero deberá hacer frente a todas las deudas.
La muerte de Barreda le allanó el camino al Ejecutivo provincial para tomar posesión de la casona del horror que fue expropiada pero que el femicida trabó en una expropiacion inversa que tramita en el fuero Contencioso Administrativo de La Plata, tal como informó 0221.com.ar. En ese lugar está previsto la construcción de un espacio de contención a víctimas de violencia de género: la ley estableció que la casa fuera utilizada para charlas y capacitaciones a policías, docentes, integrantes de la Justicia, fuerzas de seguridad, universitarios, profesionales de la salud y, a la vez, construir un espacio para consultas y una biblioteca temática.
Tras la expropiación Barreda no se quedó quieto. Abrió una expropiación inversa en la que dio pelea por el precio del inmueble. Mientras el Estado provincial propuso pagarle el valor fiscal, el odontólogo reclamó la indemnización a valor de mercado de inmobiliario. La diferencia entre ambas posturas es millonaria y en dólares.
El acervo en pugna consta de la casona del horror de 48 entre 11 y 12 donde se consumaron los crímenes, una casa de veraneo en Mar del Plata (que se encuentra usurpada), un terreno en la provincia de Buenos Aires, un Ford Falcon de color verde, un auto DKW y una motoneta de marca Siambretta, vehículos que están arrumbados en lo que fue la escena de una de las más resonantes masacres de la historia argentina.