Las empresas Musimundo y Falabella y los supermercados Disco, Vea, Jumbo y Coto, muchos de ellos con locales en La Plata, fueron imputados este miércoles por la presunta infracción de la Ley Defensa del Consumidor. Según informó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, las firmas son apuntadas por "incumplir con la entrega de sus ventas on line y brindar información engañosa durante la emergencia sanitaria y social por el COVID-19".
Según las denuncias que recibió la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), estas empresas no cumplieron con las fechas pactadas para la entrega de los productos y operaron sin previo aviso o información al consumidor. De acuerdo con los consumidores, incluso cuando se repactaron los envíos volvió a haber problemas y los compradores debieron retirar los productos en las sucursales.
"También incurrieron en supuesta información engañosa al advertir a los consumidores, a través de avisos en sus webs, que debido a las restricciones de circulación podían sufrir demoras en las entregas", explicaron las autoridades nacionales en un comunicado difundido este miércoles y aclararon que "las empresas poseen autorización para circular y realizar las entregas a domicilio y son las que establecen los plazos y formas de distribución, ya que el consumidor solo se limita a elegir entre las opciones informadas".
Según la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240 ), informar un plazo de entrega cierto es una obligación para todos los proveedores, incluso durante la cuarentena, y las leyendas o cláusulas que adviertan sobre posibles incumplimientos son abusivas y no están permitidas.
"En el marco de la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, estas conductas colocan a las y los consumidores en situaciones de mayor vulnerabilidad y los deja a merced de plazos de entrega indefinidos. Además, inducen a error a los consumidores acerca de cuáles son sus derechos y, por ende, pretenden desalentar los reclamos para que ellos puedan ejercerlo", cerraron en la cartera nacional de Desarrollo Social y agregaron que tras la imputación las empresas pueden realizar su descargo y la SSADC determinará las sanciones que correspondan.
