A raíz de las publicaciones que la diputada bonaerense Carolina Piparo realizó en redes sociales, denunciando mensajes intimidatorios por parte de Carlos Moreno -condenado por haberla baleado en junio de 2010 en La Plata-, el SPB llevó adelante una requisa en la cárcel donde el interno está alojado y secuestró un teléfono.
El procedimiento se llevó a cabo en la Unidad 34 Melchor Romero, donde el personal penitenciario incautó un celular no registrado que ya se encuentra en poder de la UFI Nº 8, a cargo del fiscal Hugo Tesón. Cabe recordar que este episodio se da días después de que el Tribunal de Casación Penal bonaerense habilitara el uso de teléfonos móviles a los presos con el objetivo de mantener las comunicaciones con sus familiares durante la cuarentena por coronavirus.
Un nene de 9 años fue atacado por un perro en La Plata. Fue en el barrio de Melchor Romero y el dueño quedó detenido.
El violento choque de este domingo en La Plata dejó varios heridos y una intensa labor del SAME, aunque todos los implicados están fuera de peligro.
"De mí tampoco te olvides. Carlos Moreno", "El mismo que te disparó basura de mujer", "Acá dentro mejor que nunca. Unidad 34. Puta", fueron los mensajes que Piparo mostró por Twitter, presuntamente enviados por Moreno. “Esto me escribe el hombre que asesinó a mi hijo el día que liberan el uso de celulares y redes”, expresó la diputada en la publicación.
El Protocolo de uso regulado de celulares se implementó la semana pasada y la reglamentación elaborada por el SPB dio cumplimiento estricto a lo resuelto por el Poder Judicial. En él se prohíbe utilizar teléfonos móviles sin el debido registro y solamente se permite la comunicación por la red social WhatsApp.
"Cabe destacar que Moreno no tiene registrado ningún celular, por lo que de confirmarse que él envió los mensajes, cometió un acto no permitido. Precisamente, el Protocolo que se firma con los internos a partir de la autorización judicial es para evitar llamados desde celulares ingresados clandestinamente", completaron los voceros del SPB.
Después de la amenaza, hecha pública por la propia Piparo, hubo una catarata de repudios por lo ocurrido y de respaldo a la víctima. Uno de ellos fue el intendente Julio Garro, pero también lo hicieron concejales, funcionarios municipales y legisladores provinciales.