Policías de la comisaría de Villa Elisa serán investigados por “la posible comisión del delito de acción pública” al omitir la sentencia que prohibió alojar a detenidos en esa seccional y por la violencia de género institucional de la que habría sido víctima Camila Romero (24), quien perdió su embarazo mientras estuvo detenida es esa dependencia, según se desprende de la resolución judicial a la que accedió 0221.com.ar. En uno de los pasajes más salientes y novedosos la jueza señaló que “el encierro en prisión no impacta del mismo modo sobre mujeres y varones y las prisiones han sido construidas sin dicha perspectiva”.
En junio de 2019 esa comisaría debió haber cesado con el alojamiento de personas en conflicto con la ley por una sentencia dictada en el Juzgado de Garantías 1 de La Plata, pero esa resolución formada por el juez Guillermo Atencio, nunca se cumplió. La medida está vigente “hasta tanto se efectúen las tareas de refacción y acondicionamiento” de la propiedad que está en peligro de derrumbe.
La jueza Correccional Lidia Moro, antes de resolver el habeas corpus en favor de la joven visitó la seccional policial donde constató que “hasta la fecha el Estado no hizo las reparaciones” y seguía alojando internos.
“A su vez, y amén de encontrarse el Poder Ejecutivo desobedeciendo una orden judicial, debo resaltar el pésimo estado en que se encuentran alojadas las detenidas en la dependencia, si bien cuentan con un baño, no poseen agua caliente, la higiene personal la realizan por medio de baldes en el baño; existiendo peligro de electrocución pues las paredes y techos presentaban grandes signos de humedad, junto a goteras. No reciben visitas y tienen un solo catering al mediodía”, detalló la magistrada en su resolución.
Además dejó asentado que “más alarmante aún es la circunstancia que en la dependencia no se encuentra ni un solo matafuego con la oblea identificatoria pertinente”.
Para la jueza Moro se “evidencia un claro agravamiento de las condiciones de detención de aquellas mujeres alojadas en la Seccional Décima Segunda de Villa Elisa, al exhibirse, entre otras, falta de higiene, mala alimentación, carencia de atención médica adecuada, y otras particularidades que perjudican el normal desarrollo vital, como ser las condiciones mínimas de seguridad”.
La dependencia policial también “carece de un plan de evacuación, lo que debe ser una cuestión normal y prioritaria para cualquier establecimiento que aloje personas privadas de su libertad”, siempre según lo que se describe en la resolución judicial.
La jueza se entrevistó por teleconferencia los la joven que perdió el embarazo quien refirió que padece de “asma crónico” y agregó que “por falta de agua tienen que extraer su propio excremento del inodoro”.
Con una mirada de género en esta causa la jueza aseveró que: “En este contexto deficitario de las condiciones de detención de Camila, en el cual puede enfrentar dificultades para acceder a los derechos de salud e higiene, alimentación, y vínculos personales debido a la falta de suministros y a las dificultades propias que atraviesan las comisarías de la provincia, a ello debemos adunar que cuando abordamos las situaciones de violencia hacia las mujeres, es necesario considerar las relaciones desiguales de poder, social, histórica y culturalmente construidas entre hombres y mujeres. De esta manera, nos referimos al abordaje en perspectiva de género. Es que el encierro en prisión no impacta del mismo modo sobre mujeres y varones y las prisiones han sido construidas sin dicha perspectiva, y el solo hecho de estar detenidas repercute intensamente sobre la vida cotidiana de sus familias, lo cual lleva a pensar en el costo social del encierro de mujeres por delitos no violentos”.
La resolución fue comunicada a los ministerios de seguridad y al de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires para que tomen cartas en el asunto según la materia específica de cada una de las carteras.
