La defensa de una mujer que perdió su embarazo en la comisaría de Villa Elisa, donde está detenida, presentó un habeas corpus en el que solicita se clausuren los calabozos de esa seccional ubicada frente a la plaza principal de esa localidad ubicada al norte de la ciudad. La presentación es impulsada por el abogado Damián Barbosa, defensor de Camila Belén Romero, quien narró "de forma desgarradora las infrahumanas condiciones de detención que está padeciendo desde que se encuentra en la dependencia policial, cuadro que se agravó en la última semana, con la pérdida de su embarazo", detalló el letrado que también llevó el caso ante el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, creado el 11 de diciembre de 2019 por el gobernador Axel Kicillof.
El pedido principal del letrado reclama "la inmediata libertad de Camila Belén Romero" pero también planteó "en forma subsidiaria, su arresto domiciliario", según se desprende del documento judicial al que accedió 0221.com.ar En el escrito también se pidió que "la resolución del presente se realice con perspectiva de género". A todo esto instó "que se envíe a investigar, con carácter urgente, la comisión de diversos delitos, siendo preponderantes en la presente, los delitos 'de género', dando intervención asimismo al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual".
La joven de 24 años se encuentra privada de la libertad por "tentativa de hurto" y su libertad fue denegada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, con el voto de las juezas María Silvia Oyhamburu y Miriam Ermili, quienes en el marco del habeas corpus contra la orden de detención sostuvieron que "la causante registra una pena de ejecución condicional de ocho meses, por lo que de recaer una sentencia condenatoria la misma sería de cumplimiento efectivo, ello me lleva a considerar prima facie que existe peligro que la imputada al recuperar la libertad intente eludir la acción de la justicia y/o entorpezca la investigación".
La detenida es madre de una nena de 4 años, quien quedó al cuidado de su abuela materna en la localidad de Tres de Febrero. Estuvo "más de una semana con pérdidas, esperando que se dignen a trasladarla hacia un hospital, lo cual recién hicieron el día 15 de abril, cuando la llevaron al Hospital San Roque de Gonnet, le realizaron una ecografía y le informaron que ‘ya nada quedaba de su embarazo’; según Camila, los funcionarios policiales le manifestaban que el traslado de ella estaba a cargo de la comisaría primera de La Plata y que estaban con muy poco personal femenino, por lo cual se les hacía imposible realizar los movimientos de mujeres privadas de libertad en tiempo y forma", se detalla en la denuncia.
Además de la pérdida del embarazo en la comisaría, Camila narró que tiene severos problemas respiratorios, los que generaron que "el servicio de emergencias médicas haya tenido que ir hasta la comisaría en reiteradas oportunidades, en estos meses de privación de libertad". Por esta afección, "pertenece a la población en mayor riesgo ante el COVID-19, caso que se encuentra contemplado en las diversas resoluciones dictadas" por la Suprema Corte bonaerense y la Procuración General.
Cabe recordar que la comisaría 12 tenía al menos dos órdenes judiciales de clausura emitidas durante la gestión de Cristian Ritondo como ministro de Seguridad bonaerense y la ex gobernadora María Eugenia Vidal, pero nunca se cumplieron esas resoluciones.
PERSPECTIVA DE GÉNERO
El defensor de la joven consideró en el escrito que “es imperioso” que este caso se resuelva con una “mirada y una visión con perspectiva de género” que permita analizar “el impacto diferencial de las acciones del Estado sobre varones y mujeres, en el caso privadas de su libertad y que contemple el Interés Superior del Niño, cosa que no se hizo en la presente, ya que Camila hace meses que no ve a su pequeña hija de 4 años”.
Barbosa consideró que “los institutos alternativos a la prisión (como la excarcelación, el arresto domiciliario) no fueron utilizados” y que ellos “permitirían compatibilizar el interés social en la persecución y sanción de los delitos, con la vigencia de los Derechos Humanos (específicos) de las Mujeres en conflicto con la ley penal”.
La causa, en tanto, quedó en manos de la jueza Lidia Fabiana Moro del Juzgado Correccional 3 de La Plata.
