La implementación de la Policía Judicial en La Plata (una vieja deuda de todos los gobiernos bonaerenses) tuvo un pequeño pero significativo avance en su puesta en funciones, ya que fueron designados “provisoriamente” cuatro “Detectives Judicial” para la capital de la provincia de Buenos Aires.
La resolución fechada en 30 de enero pasado indica que Karina Elisabet Monsalvo, Mauricio Scaglia, Jorge Pablo Lavié y Alejandro Lucio Glombovsky fueron los elegidos para esta nueva etapa de la investigación criminal en La Plata.
Los cuatro funcionarios tienen una amplia trayectoria en investigaciones criminal en La Plata. A modo de ejemplo, Monsalvo y Lavié se desempeñaron como instructores en la ex Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de La Plata.
Por definición la Policía Judicial es una “institución civil, técnico-científica, organizada jerárquicamente, que asistirá y trabajará con el agente fiscal en la investigación, búsqueda, recolección, preservación y análisis de elementos de convicción y prueba en los procesos penales”. En la estructura administrativa depende del Ministerio Público Fiscal.
En la actualidad, la fuerza está al mando del ex fiscal de investigaciones complejas de La Plata, Esteban Lombardo. A fines de 2018, el procurador general y jefe de los fiscales bonaerenses Julio Marcelo Conte Grand (designado por la exgobernadora María Eugenia Vidal) presentó un plan de trabajo que luego reconoció que no podría cumplir por falta de recursos económicos. Durante aquella presentación, el funcionario Francisco Pont Verges, titular de la secretaría de Política Criminal, sostuvo que la Policía funcionaría “cuanto antes". "No podemos esperar”, indicó, para un lanzamiento pleno. Esta fuerza de investigación es una de las constantes promesas desde el regreso de la democracia. Inclusive, el primero de los intentos fue en 1972. Desde entonces, ninguna administración (peronista, radical ni PRO) logró su plena vigencia.
La Policía Judicial es un viejo anhelo en la provincia de Buenos Aires. La primera promesa de implementación data del 25 de octubre de 1972 fecha en la que se promulgó la Ley 7950, primera norma para darle vida, cuerpo y forma a este anhelado cuerpo de investigadores de elite que deberá actuar ante el pedido de los fiscales en causas sensibles.

Desde entonces los gobiernos de distintos colores políticos que pasaron por la provincia más importante del país (por su peso económico, poblacional y electoral) se quedaron en las promesas. El segundo impulso se dio recién en 1994 con la creación de cargos letrados y administrativos, pero quedó en eso. Ya en 2012 se sancionó otra ley. La 14.424 derogó a la 7950.
Pero desde el 16 de enero de 2018, rige un nuevo cuerpo normativo que lleva el número 15.005. Cuenta con 23 artículos en los que se detalla qué es, para qué sirve y cómo deberá funcionar el gabinete de detectives bonaerenses de vanguardia. En el año 2016, el primero de la gestión Vidal, se mencionó la posibilidad de asignar una partida presupuestaría específica para que comience a funcionar en 2017. Pero eso no ocurrió. En ninguno de los discursos de apertura de sesiones de la exgobernadora, se hizo mención específica del tema, más allá de las definiciones generales de una reforma judicial que avanza al paso de ese poder del Estado: lento. Las negociaciones políticas empantanan la designación de magistrados y creación de nuevos cargos. Ahora la mirada está puesta en la nueva administración de Axel Kicillof.