“Yo siempre lo digo, esto fue Auschwitz dos. Acá traían muertos y gente viva a la que torturaban y asesinaban para después quemarla”, afirma Juan Carlos Guillermet, mientras camina entre la espesa vegetación que cubre las ruinas de lo que fuera la planta de elaboración de cal y derivados Fasacal (Sociedad Anónima Comercial e Industrial) ubicada en 25 y 511 en la localidad de Hernández al noreste del centro de la capital provincial.
Después de casi medio siglo de silencio Guillermet formalizó, el 28 de junio pasado ante el Juzgado Federal N° 3 de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak, una denuncia en la que aseguró que las instalaciones de Fasacal fueron utilizadas como centro de exterminio en los años de plomo. Por primera vez, desde entonces el denunciante aceptó hablar con la prensa de sus acusaciones y accedió a recorrer con 0221.com.ar el lugar donde habrían ocurrido los crímenes señalados.
Según la presentación judicial, los hechos denunciados ocurrían los fines de semana, al anochecer, cuando el sitio quedaba prácticamente sin actividad. “Traían gente en camiones oficiales a veces, pero en su mayoría a través del tren de carga que ingresaba a la fábrica. Muchos estaban muertos y directamente los tiraban a los hornos que estaban prendidos. A otros los torturaban hasta matarlos y los quemaban o los enterraban. Lo hacían con la ayuda de algún empleado del lugar”, afirma.
Guillermet camina con familiaridad por entre la espesura de plantas que cubren escombros y desperdicios esparcidos por buena parte de la superficie del lugar que aún conserva restos de cal vertidos en épocas en que el lugar se hallaba en plena actividad. El hombre se detiene en la boca de lo que parece ser un túnel por el que se accede a un pasaje subterráneo bajo la zona de hornos y molienda. A su vez, en el sector de los silos señala otro hueco que, por debajo del piso, conectaría con los hornos. “Acá hay cuerpos”, asevera el testigo que indica que, generalmente, las torturas se registraban en una zona destinada a vestuarios del personal que fue demolida.
El denunciante señala con una total convicción dos sitios del predio donde asevera que habría “fosas comunes donde se encuentran incinerados y enterrados los cuerpos de decenas de personas ejecutadas”.
Guillermet indica que todo empezó cuando, a principios de los 70, construyó una casa sobre un pino que estaba la parte delantera de su vivienda ubicada justo frente al portón de acceso de los camiones, sobre la calle 511. Pasaba largas horas en ese atalaya desde donde, auxiliado por un largavista provisto por su padre, asegura que lograba ver con detalle los movimientos que ocurrían dentro de la calera. A partir de 1974, sostiene, “vi operativos realizados por personal de fuerzas de seguridad y militares que identificaba por sus uniformes y vehículos”.
“A las personas detenidas se las torturaba e incineraba en los hornos del establecimiento fabril, posteriormente se fabricaba cal con dichos restos o se los enterraba en el lugar”, se lee en la presentación judicial patrocinada por la abogada Carolina Vilchez del colectivo Justicia Ya!. “Muchos de los edificios de La Plata construidos en esos años tienen restos de desaparecidos”, arriesga Guillermet describiendo una imagen macabra.
“Durante los operativos pude identificar la presencia de quien fuera Sub-comisario Balmaceda, Comisario Enzo Richero, al jefe de calle Pereyra y en una oportunidad al Comisario Miguel Etchecolatz, entre otras personas. Balmaceda nos decía a todos los vecinos que no salgamos de nuestra casa, esa persona había hecho la carrera militar con mi padre por lo que considero que tenía contemplación especial con mi familia”, señala el denunciante en el escrito que si bien fue presentado ante el juzgado a cargo de Kreplak es tramitado por el magistrado subrogante Adolfo Ziulu por intermedio de la secretaría a cargo de Mariano Pérez.
Guillermet sostiene que si bien “me resulta difícil determinar la cantidad de personas que fueron asesinadas, torturadas, incineradas y enterradas en el lugar, sin perjuicio de lo cual la habitualidad y sistematicidad de los operativos desarrollados me permiten asegurar que un alto número de víctimas del terrorismo de estado pasaron por ese lugar”.
Si bien el denunciante no puede identificar a ninguna de las presuntas víctimas, entre las que incluye a un sereno y otros trabajadores de la propia planta, sí menciona que entre las personas que habrían sido asesinadas en el lugar hubo un joven jugador del Club La Plata Rugby que, antes de morir habría gritado su nombre -que el testigo no recuerda- y el del club.
En el caso interviene la Unidad Fiscal para delitos de lesa humanidad compuesta por los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y el fiscal auxiliar Juan Martín Nogueira. Según fuentes con acceso a la causa hasta el momento se dispusieron algunas pocas medidas que arrojaron resultado negativo. Entre las diligencias efectuadas se requirió información sobre la familia Larrán propietaria del predio de la ex Fasacal y sobre la firma a la Comisión Provincial por la Memoria, que resguarda el archivo de la Ex Dirección General de Inteligencia de la Policía bonaerense.
A fines de septiembre último Nogueira solicitó el archivo de la causa luego de informar que todas las medidas previas y las consultas hechas en distintas dependencias y organismos del Estado y la Justicia habían resultado negativas.
Desde Justicia Ya! se reclamó agotar todas las instancias de investigación. Entre otras precauciones se solicitó una medida de no innovar para resguardar todos los elementos de prueba en el lugar, evitando cualquier remoción o alteración del terreno al tiempo que requirió la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense para asistir en la investigación, al tiempo que se requirió la adopción de medidas de seguridad para reforzar la integridad del denunciante.
Resta esperar la decisión que adoptará el juzgado una vez que se levante la feria judicial. Los abogados que asisten al denunciante interntarán, por su parte, que el expediente siga adelante a partir de solicitar una batería de medidas ampliatorias. Entre otras cosas, están abocados a buscar y aportar nuevos testigos entre los viejos vecinos y ex trabajadores de la planta.
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En estos años Guillermet dijo haber recibido innumerables amenazas, agresiones y atentados, lo cual motivó la asignación de la custodia permanente que actualmente se encuentra apostada frente a su domicilio. “Antes tenía mucho miedo, ahora estoy jugado ya estoy jugado, no tengo familia ni nada que perder”, responde cuando se le consulta por qué decidió hablar ahora. Aseguró que se decidió a hacer la presentación impulsado por un grupo de jóvenes que se encuentra desarrollando en el predio de Fasacal una experiencia de vivero comunitario. “Con ellos forjé una relación de confianza en virtud de compartir la actividad de cultivo entre otras cosas. Hace un tiempo, los chicos de “El Bosquesito” (SIC) me consultaron sobre la historia del predio que ellos ocupan, de esta forma poco a poco fui contándoles los hechos de los que fui testigo”, apuntó. Y agregó: “Con su acompañamiento, entendí la importancia de formalizar la denuncia, no solo para lograr justicia sino para que se sepa la verdad sobre ese predio, aun sabiendo que este acto implica un riesgo para mi integridad física”.
Guillermet se encuentra bajo un programa de protección de testigos desde 2013 a raíz de haber denunciado distintos episodios de amedrentamiento luego de declarar en una causa por delitos de lesa humanidad. El hombre, de 68 años, asegura ser un sobreviviente de la comisaría 5ta donde, según relató ante la Justicia Federal, fue torturado en mayo de 1976. De acuerdo con aquel testimonio estuvo detenido ilegalmente en la seccional durante una semana hasta que logró escapar durante un traslado en plena noche tirándose a un canal del arroyo Miguelín en el partido de Ensenada. “Me secaron los testículos y no pude tener hijos y cuando salté al canal me dieron un tiro en la pierna izquierda que me reventó la tibia y el peroné y me dejó medio rengo para siempre”, contó a 0221. Siempre según sus dichos aquella detención tuvo que ver con la sustracción por parte de efectivos policiales de un terreno que le habría pertenecido ubicado en 35 entre 25 y 26.
Las acusaciones de Guillermet son consideradas “un delirio sin ningún fundamento” por Germán Larrán, actual director de Fasacal -la firma sigue existiendo aunque hace tres décadas que dejó de operar- y principal propietario junto a su familia de las instalaciones que se encuentran semiderruídas y en estado de abandono. Paradójicamente, la Justicia halló en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense un legajo abierto a nombre de Larrán por su participación en el Colegio de Abogados local.
“Los trenes dejaron de ingresar a la fábrica alrededor de 1965 y para entonces también dejaron de funcionar los hornos porque, por una cuestión de costos, se había concentrado la fase productiva de cocción en Olavarría”, rebate. Larrán, que es biólogo y actualmente ocupa el cargo de Subsecretario de Gestión Ambiental del municipio, aseguró, asimismo, que aún no fueron notificados por la Justicia sobre la existencia de la denuncia, que conocieron a través de publicaciones en las redes.
Larrán está convencido de que la denuncia apadrinada por Justicia Ya! tiene como finalidad mantener un status-quo con el fin de perpetuar la situación del predio ocupado por un grupo agroecologista desde hace unos años. El conflicto por esa situación está en tribunales desde hace cuatro años. Larrán apunta al rol de Vilchez, la abogada que interviene en ambas causas. “Para mí no es una casualidad, sino el nexo entre los dos asuntos”, infiere.
En el ambiente de los derechos humanos de La Plata prefieren la prudencia a la hora de opinar sobre la denuncia de Guillermet, a quien le atribuyen falta de precisiones y otras inconsistencias en el relato además de un pasado con claroscuros. Entre otras cosas recuerdan que en la década del 80, en un episodio que nunca terminó de aclararse, la Justicia provincial descubrió durante un allanamiento a su vivienda un arsenal que el hombre atribuyó al trabajo de su padre como efectivo de fuerzas de seguridad y armero.
-¿Por qué cree que ningún otro vecino o los ex trabajadores de Fasacal no denunciaron esto en todo este tiempo?
-Porque casi no había vecinos en aquella época pero, sobre todo, porque, entre los que residíamos en la zona siempre hubo mucho miedo.
-¿No teme que no le crean o que le digan que es un fabulador?
-Que digan lo que quieran. Mi padre siempre me decía la verdad brota por más cal que le pongan arriba.
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Desde Justicia Ya! Vilchez asegura que meditaron concienzudamente la participación del colectivo en la causa. Según la abogada finalmente decidieron acompañar la denuncia porque “frente a un testimonio tan asertivo que puntualmente señala sitios donde podría haber restos de personas desaparecidas nuestra obligación es impulsar la investigación para confirmar su veracidad”, explica.
La letrada apunta un dato que considera relevante y es la actuación de Jorge Mario Larrán, ex gerente general de Fasacal, como secretario de Gobierno de la intervención militar en la comuna platense que comandó el capitán de navío Oscar Macellari designado como comisionado municipal a partir del 26 de marzo de 1976. En su rol de cara visible de Fasacal, Germán Larrán, asegura que su padre, de profesión abogado, solo aceptó el cargo por amistad con Macellari, pero aclara que a los tres meses renunció y que no tuvo otros vínculos con aquel régimen. El hoy funcionario comunal cree que la asociación es forzada y explica que para entonces, la compañía era conducida por los Diotto que tenían las acciones mayoritarias y que su progenitor solo fue presidente de la firma en 1987. “En los 70 mi papá era un empleado más que estaba casado con la hija de un socio minoritario (Spinedi) y no participaba de las decisiones”.
En pocos días más, al regreso de la feria judicial, se esperan novedades sobre el caso en los tribunales.
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