El gobierno bonaerense elevó a $1.500.000 la recompensa para quien aporte información útil para localizar el cuerpo de Miguel Bru, el joven desaparecido el 17 de agosto de 1993, cuando era estudiante de Periodismo y fuera visto por última vez detenido en la Comisaría Novena de La Plata. La resolución que sube el monto fue publicada este jueves y lleva la firma del gobernador Axel Kicillof y garantiza "reserva de identidad" para quien aporte información.
En la práctica, con esta medida se multiplica por cinco la suma ofrecida, ya que la anterior modificación fue el 14 de julio de 2017 cuando se había elevado a entre 50 y 300 mil pesos. Y es producto de un pedido personal realizado por Rosa Schonfeld, la mamá de Miguel, al mandatario provincial en una audiencia de la que también participó la actual diputada y ex decana de la facultad de Periodismo, Florencia Saintout.
"Sabemos que hay gente que sabe donde está el cuerpo y por eso pedimos al gobernador la posibilidad de subir la suma para que sea significativa", explicó Rosa a 0221.com.ar. La familia y amigos de Miguel apuntan al entorno íntimo de los policías que estuvieron involucrados en su muerte. "Pasaron más de 23 años y hubo uno solo de los policías que pagó con cárcel (en referencia a Justo López) por lo que creemos que ya tuvieron tiempo suficiente para reflexionar que ya no tiene sentido guardar silencio y nadie le sirve que Miguel siga desaparecido".
Por eso Rosa remarca que lo único que le interesa a esta altura es encontrar el cuerpo de su hijo, por lo que su pedido, reflejado en la resolución de Kicillof, es que ofrecer todas las garantías a quien aporte la información. "Está garantizada la reserva de identidad pero también les pido que comuniquen cualquier otra garantía que requieren, hasta que puedan cobrar la recompensa a través de terceros si es que no quieren correr el riesgo de que queden registros", remarcó.
"Sabemos que saben, pero no queremos perjudicar a nadie, solo necesitamos la información", insistió Rosa. Y en ese sentido admitió que no le preocupa que alguien que mantuvo el silencio durante todo este tiempo se beneficie económicamente. "Que lo hagan de la manera que quieran para sentirse protegidos", remarcó.
"Incrementar el monto de la recompensa públicamente ofrecida mediante Resolución N° 945/98, aumentada por Resolución N° 848/99, ambas del entonces Ministerio de Justicia y Seguridad, el Decreto N° 240/05 y la Resolución Nº 160/17 E del Ministerio de Seguridad, y establecerla en la suma de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000), a quienes aporten datos, informes, testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia fehaciente útil a los fines de encontrar e individualizar el cuerpo del ciudadano Miguel Bru", dice el texto de la nueva medida.
Se aclara además que el monto de la recompensa será distribuido sólo "entre quienes se presenten a suministrar la información haciendo conocer que se encuentran motivados por el presente ofrecimiento, conforme al mérito de la información aportada". Y las presentaciones deberán ser ante "los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 del Departamento Judicial La Plata o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, debiendo las autoridades asegurar la confidencialidad de la información y la reserva de la identidad de las personas".
El gobernador ordenó también una difusión masiva nacional y local, en La Plata, ya que fue el último lugar en el que Miguel Bru fue visto con vida. Como quedó probado en el juicio realizado por su desaparición y muerte, Miguel Bru fue víctima de torturas en la comisaría ubicada en 5 y 59, donde todos los años sus familiares y amigos realizan una vigilia.
Por ese hecho fueron condenados dos policías a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua por el delito de tortura seguida de muerte. En tanto que otros dos efectivos recibieron penas de dos años de prisión y recibieron una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 6 y 4 años, respectivamente, "por los delitos de tortura posibilitada por negligencia y favorecimiento real y supresión de documento público".
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