El Consejo Federal de Educación aprobó por unanimidad el "Marco de análisis y evaluación de riesgo epidemiológico" para el desarrollo de actividades presenciales y revinculación en escuelas en el contexto de emergencia sanitaria por coronavirus. Además del protocolo, las autoridades crearon un “semáforo epidemiológico” que determinará en cuáles lugares se podrá volver a las aulas.
En concreto, este sistema le permitirá a cada provincia saber si está atravesando un riesgo alto, mediano o bajo de transmisión de COVID-19, un dato que será clave para decidir qué encuentro educativo presencial se podrá habilitar.
Según datos del INDEC y consultoras privadas, aumenta la precarización laboral y el desempleo en distintos sectores del país.
El Ejecutivo evalúa despedir entre 5.000 y 6.000 empleados públicos. El ajuste forma parte de un plan que apunta a reducir un 10% la planta estatal en 2026.
En este sentido, el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, destacó que “a partir de esa información, cada jurisdicción podrá tomar las decisiones priorizando el cuidado de la salud”. Además confirmó que la prioridad para el regreso la tendrán los alumnos que estén cursando el último año del nivel primario y secundario, y que cada jurisdicción deberá tener una estrategia particular con los niños o niñas que tienen o conviven con personas con factores de riesgo.
Los indicadores que se tomarán en cuenta son el nivel de transmisión, la cantidad de contagios y su evolución, y el porcentaje de ocupación de camas de terapia. Del cruce de estas variables saldrá el color que tendrá el semáforo.
El rojo implica un riesgo alto, y por el cual en esa jurisdicción no se podrán abrir las escuelas. Mientras que el amarillo representa un mediano riesgo, y dentro del cual podrán iniciarse actividades educativas no escolares con hasta diez personas. El verde significa un riesgo bajo, y una oportunidad para el retorno de las clases presenciales.
“La guía que hemos desarrollado establece que para que sea posible el regreso a clases tiene que haber un riesgo leve. Si el semáforo está en verde (riesgo bajo) en los tres componentes, cada jurisdicción podrá dar el paso”, afirmó el titular de la cartera educativa.
Para la vuelta a clases presenciales, las provincias deberán tener en cuenta lo siguiente:
Contar con representantes de educación en el Comité Operativo de Emergencia (COE) para la toma de decisión del reinicio de actividades.
Evaluar la forma de traslado que utilizarán los niños, las niñas, docentes y no docentes, para asistir a los establecimientos.
Contemplar la situación habitacional o niveles de hacinamiento de los niños, niñas y docentes y planificación de acciones preventivas.
Instruir adecuadamente al personal docente y no docente acerca de los protocolos que deben seguirse para minimizar los riesgos de transmisión durante el tiempo de permanencia en la institución, con planificación de monitoreos permanentes.
Tener los procedimientos detallados sobre cómo actuar ante la aparición de un caso sospechoso y/o confirmado de COVID-19 en la escuela.
Articular entre las carteras de salud y educación local para la detección de casos sospechosos, procurar la realización del diagnóstico de laboratorio a fin de dar una respuesta rápida y realizar el rastreo de contactos estrechos y su monitoreo.
Poseer un sistema integrado de trabajo intersectorial que permita identificar y dar seguimiento a problemáticas complejas como violencia, patologías de la salud mental, trabajo infantil, dificultades de los hogares para realizar aislamientos en caso de ser necesarios, entre otras.
Considerar estrategias para aquellos niños y niñas con factores de riesgo que no puedan asistir de manera presencial.
Abordar estrategias para aquellos niños y niñas convivientes de personas con factores de riesgo.
La decisión de comenzar o discontinuar las actividades presenciales en las escuelas deberá ser monitoreada inicialmente con una frecuencia mínima quincenal que se irá ajustando según la realidad local, conforme lo establezcan la autoridad sanitaria nacional y las autoridades jurisdiccionales.