Dos abogados y un financista de La Plata procesados por “asociación ilícita” seguirán detenidos hasta el juicio oral ya que la justicia dictó la prisión preventiva en el marco de la causa ligada a la investigación denominada “banda de los jueces”, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.
Los acusados son el abogado platense Julián Ducid, el financista local Gabriel Cassinotti y el letrado porteño Alejandro Timorin. En tanto continúa prófugo el abogado Ricardo Ducid, padre del detenido, ahora con preventiva.
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La hipótesis de investigación indica que los detenidos formaban parte de una asociación ilícita destinada a lograr beneficios procesales a personas detenidas, a cambio de fuertes sumas de dinero.
Se trata de un nuevo avance en la megacausa por asociación ilícita que investiga la fiscal Betina Lacki. En ese expediente ya fueron procesados una empleada de Casación bonaerense que está con arresto domiciliario; Javier Ronco (detenido) acusado de tres homicidios. También es investigado el juez de Casación provincial, Martín Ordoqui, quien fue apartado del cargo a la espera que un jurado de enjuiciamiento político defina si es destituido o no. En caso de destitución, la fiscal estará en condiciones de pedir su detención, medida que por el momento está vedada por los fueros que posee como magistrado.
En líneas generales se sospecha que, al menos, tres integrantes de la banda buscaban detenidos (Ronco y otro sospechoso ya detenido) a los que les ofrecían beneficios procesales (rebajas de condena, excarcelaciones, arrestos domiciliarios) que eran gestionados por los abogados (Ducid, Timorín) ante el juez de Casación Ordoqui. El financista Cassinotti, se sospecha, era el encargado de hacer la logística financiera para hacerse del dinero (cambio de cheques) al tiempo que hay indicios que también habría aportado “clientes”.
Una de las anomalías detectadas en la investigación indica que el abogado Timorían habría gestionado ante Ordoqui que se deje sin efecto una medida cautelar por violencia de género en la localidad de Junín, donde a una mujer le quitaron la custodia. El escándalo llegó hasta la Suprema Corte que anuló la resolución del juez de Casación y reinstaló la medida de protección a la víctima de violencia de género.
Gran parte de las evidencias fueron obtenidas de los teléfonos secuestrados con anterioridad a las detenciones. La fiscal Lacki solicitó las detenciones que fueron avalados por el juez de Garantías, Guillermo Atencio.
La nueva plataforma fáctica indica que la asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal) la integran el juez Ordoqui, los abogados Ducid (padre e hijo), Timorín, el financista Cassinotti, Ronco, la empleada de Casación y un lobista.