La movilización de trabajadores petroleros de la región al Sindicato Único Petrolífero e Hidrocarburífero (SUPeH) de Ensenada dejó un saldo de varias personas heridas por balas de goma y golpes, junto con billeteras y celulares robados. Más allá de la página policial del caso, todo se generó por una movilización del cuerpo de delegados del SUPeH, en rechazo a la paritaria nacional avalada por el gremio que conduce Ramón Garaza.
En la tarde del viernes 9 de octubre, las y los manifestantes llegaron hasta la sede gremial ubicada en Cabo Verde y La Merced de la localidad de Ensenada, con la finalidad de entregar un documento con cuatro puntos a debatir con la dirigencia local en la que iban a expresar sus diferencias con la paritaria firmada.
En inmediaciones del edificio sindical estaban apostados los adherentes a la conducción de Garaza, quienes fueron llamados por el sindicalista para mostrar su poder de fuego político con una contramarcha que en mundo de la política gremial y tradicional se denomina “operativo clamor”, cuando las bases van en respaldo de su líder, pero en este caso la movilización no fue espontánea, sino diagramada por el Movimiento Celeste, una corriente gremial interna que responde al sindicalista.
Cuando una comisión de tres delegados se dirigía al gremio para hacer entrega del documento, fueron recibidos con agresiones. Uno de los manifestantes dijo a 0221: “Nosotros”, los del cuerpo de delegados, “éramos más que ellos casi 600 y ellos 300 pero” desde el sindicato contrataron “gente de afuera, no cumplió nada de lo que dijo que nos esperaban de forma pacífica”. “Llegamos y nos dieron por todos lados, encima la policía nos reprimió a nosotros le pegaron a las mujeres, robaron celulares billeteras y piñas para todos”, señaló uno de los manifestantes reprimidos.
Desde el gremio dieron una versión totalmente opuesta. Sostienen que “un grupo de choque” comenzó las agresiones a integrantes del Movimiento Celeste (que dirige Garaza). También señalaron que los agresores son “barras bravas de la región” contratados por agrupaciones gremiales opositoras a la actual conducción.
Tras los incidentes se abrió una causa penal por “averiguación de ilícito” que se instruye en la Unidad Funcional de Instrucción 11 de La Plata a cargo de Álvaro Garganta.
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