No fue un día de miércoles para la defensa de Mariano Bruera -hermano del exintendente Pablo Bruera- procesado en una causa de presunta corrupción política. La Cámara de Apelaciones de La Plata le concedió la excarcelación extraordinaria y, en caso de quedar firme, quedará libre ya que llegó a juicio con el beneficio de un arresto domiciliario con permiso de salidas laborales. Además el proceso de debate público se suspendió sin fecha cierta de inicio por una serie de factores que se alinearon para que los jueces de Tribunal, ante este panorama, dispusieran que el sistema de gestión de juicios (SIGA) de manera “urgente” establezca una nueva fecha de comienzo.
Luego de varios contrapuntos el inicio del proceso se pautó para el pasado 20 de agosto. En esa jornada no se dio comienzo porque el abogado Marcelo Peña sufrió una descompensación. Este miércoles 28 de agosto debía darse inicio pero el letrado sigue en reposo. Está previsto que el contradictorio se extienda durante varias jornadas y se superpone con otros debates y actividades que tenían prefijados con antelación tanto la defensa como los fiscales. Es así que se suspendió.
En caso de realizarse, Bruera llegará a juicio como un hombre libre. Para ello debe quedar firme la excarcelación extraordinaria otorgada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata con los votos de los camaristas Ariel Argüero y Raúl Dalto, quienes entendieron que no existen los riesgos procesales de fuga ni entorpecimiento probatorio. Los jueces hicieron lugar al planteo de la defensa en cabeza del abogado Alejandro Montone. La resolución será comunicada al Fiscal General de La Plata, Héctor Vogliolo, que tiene cinco días para apelar. Si no lo hace la sentencia quedará firme y ese incidente de diálogo procesal será cosa juzgada.
La lista de acusados la integran el empresario Gustavo Roberto Orlando (asistido por el abogado Peña), Gustavo Petró, Enrique Sette, Roberto Moreno y Cristian Ibarra. Sette, ex secretario de Gestión Pública; Moreno, Petró y Bruera están procesados por "asociación ilícita, cohecho pasivo y exacciones ilegales", todos estos en concurso real.
La causa se inició por la denuncia el abogado y empresario platense Guillermo Andreau en 2014. Según aseguró, los entonces funcionarios del Gobierno municipal le pidieron 200 mil dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del plan de viviendas Procrear.
De acuerdo con la investigación del fiscal Jorge Paolini, los terrenos de Andreau eran considerados "reserva urbana" y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas. Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado por la gestión de Pablo Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que Andreau recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero.
La acusación está en manos de los fiscales de juicio Victoria Huergo y Javier Berlingieri y la Municipalidad de La Plata se presentó como particular damnificado, rol para el que fue designado el abogado particular Ricardo Callabá.
La acusación corresponde a los fiscales Victoria Huergo y Javier Berlingieri. El juicio está a cargo del Tribunal Oral Criminal II de La Plata integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Hernán De Castelli.
