Al menos siete empresarios ligados a la ciudad de La Plata figuran en la lista de procesados de la denominada cauda “cuadernos de los corrupción” en la que se investiga el presunto pago de coimas a funcionarios a cambio de la adjudicación de obras públicas en el territorio nacional.
La mayoría de los acusados son ingenieros de profesión. Tienen distintos grados de responsabilidades en las empresas en las que trabajan y son objeto de investigación judicial en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11 a cargo de Claudio Bonadio.
La inestabilidad regresa a La Plata este lunes, con tormentas aisladas y ráfagas de viento que se mantendrán durante buena parte de la semana.
Tatiana viajaba en el colectivo que tenía como destino La Plata y volcó en una rotonda. Denunció exceso de velocidad, maltrato y fallas en el servicio.
El primero de los que aparece en la lista es el ingeniero Gustavo Horacio Dalla Tea, de 63 años de edad, quien cumple funciones en la empresa Supercemento S.A.I.C, en orden a los delitos de “asociación ilícita, en calidad de miembro; y cohecho activo, reiterado en veintiún (21) hechos, en calidad de partícipe necesario, los cuales concurren realmente entre sí”, según se desprende del expediente. Además fue embargado por 900millones de pesos.
Pablo José Gutiérrez (59), de la empresa Fontana Nicastro, es otro de los empresarios platenses procesados y embargados, en su caso puntual por los delitos de “asociación ilícita, en calidad de miembro; y cohecho activo, reiterado en diez (10) hechos, cinco (5) de ellos, en calidad de autor, y cinco (5), en calidad de coautor, los cuales concurren realmente entre sí” con un embargo que asciende a mil doscientos millones de pesos ($ 1.200.000.000).
Gustavo Alberto Weiss (67) es el presidente de la firma Eleprint y ocupó la titularidad de la Cámara Argentina de la Construcción, durante los años 2013 y 2014. El ingeniero fue sindicado por el financista Ernesto Clarens, como la persona con la cual acordaba las entregas de dinero ilegal. Está formalmente acusado de “asociación ilícita, en calidad de miembro; y cohecho activo, reiterado en veinte (20) hechos, trece (13) de ellos, en calidad de autor, y siete (7), en calidad de coautor, los cuales concurren realmente entre sí” y se le trabó un embargo de bienes por mil trescientos millones de pesos ($ 1.300.000.000).
Ricardo Pablo Fernández (60) cumplió funciones en la compañía CPC S.A. como presidente y gerente general, desde el año 2003 hasta el 4 de agosto de 2009; siendo sucedido por Osvaldo Manuel De Sousa, quien ejerció dicho rol, hasta el 5 de septiembre de 2014; y luego, por Cristóbal Nazareno Lopez, hasta el año 2015. Está acusado de “asociación ilícita, en calidad de miembro; y cohecho activo, reiterado en once (11) hechos, dos (2) de ellos, en calidad de autor, y nueve (9), en calidad de coautor, los cuales concurren realmente entre sí” y con un embargo de mil trescientos millones de pesos ($ 1.300.000.000).
El ingeniero Fernando Marchione (54) cumple funciones en la empresa Marcalba S.A y fue procesado en orden a los delitos de “asociación ilícita, en calidad de miembro; y cohecho activo, en un (1) hecho, en calidad de autor, los cuales concurren realmente entre sí” y se le trabó un embargo por ochocientos millones de pesos ($ 800.000.000).
Juan Ángel Bernardo Scaramellini (82), titular de la firma Ecodyma S.A fue procesado por los delitos de “dación de dádivas, reiterado en dos (2) hechos, en calidad de coautor, los cuales concurren realmente entre sí” y se le trabó un embargo de dos millones de pesos ($ 2.000.000). Medidas similares, por los mismos hechos, recayeron sobre su hijo Marcelo Juan Scaramellini (48).
“La actividad de las autoridades de la firma Ecodyma S.A.” según la acusación consistió “en entregar una suma total de $ 2.000.000, en dos pagos, entre los meses de mayo y julio de 2012”.
En este voluminoso expediente también fueron investigados los empresarios platenses Pedro Pablo Piatti, Hilario Carlos Magliano y Luis Juan Bautista Piatti, quienes fueron despegados del caso con el dictado de “falta de mérito” y quedaron desvinculados en la investigación.
Como la causa de los cuadernos se conoce a la causa judicial caratulada "Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita" iniciada en el fuero penal federal en los primeros meses de 2018 a partir de las fotocopias de ocho cuadernos con anotaciones que realizara Oscar Centeno, el exchofer de un funcionario público, relativas a presuntos pagos de sobornos, que fueron entregadas al Juzgado por periodistas del diario La Nación.