A más de seis años de ocurrido el crimen de Dodji Adote Logossou, oriundo de Togo, el caso quedó impune. Durante el juicio oral a un cantante de cumbia proceso y detenido, el fiscal de juicio consideró que no se obtuvieron evidencias claras, indubitables del autor material del homicidio y desistió de acusar, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.
Por este hecho fue procesado y detenido el cantante de cumbia Lucas Ezequiel Mansilla, alias “El Monito”, quien quedó tras las rejas luego de la investigación del ex fiscal Fernando Cartasegna, quien fue renunció a su cargo en medio de una escándalo judicial y será juzgado acusado de varios delitos que habría cometido durante su gestión.
El hecho ocurrió el 28 de abril de 2013 en una pensión de Barrio Hipódromo. El cadáver del disc jockey africano, de 36 años, apareció con un balazo en el tórax. Se estima que el homicidio fue perpetrado por venganza, ya que en el escenario del suceso se encontraron diferentes objetos de valor, además de cocaína de máxima pureza.
La víctima se desempeñaba como disc jockey en fiestas privadas. En la escena del crimen se encontraron dos monitores LCD, una notebook, tres aparatos de telefonía celular, alrededor de 10.000 pesos y dos envoltorios de cocaína.
Durante la investigación el ex fiscal Cartasegna valoró como indicio de culpabilidad una pelea por mensajes de texto que mantuvo el acusado con la víctima. "Escondé la droga porque te doy un tiro en la panza, somos mafia, queremos comprar droga y te re vas a arruinar por ser de otro lado y vender droga acá", decía el mensaje.
Ese texto, de acuerdo, la imputación del fiscal, fue enviado por un joven de Berisso: Lucas Ezequiel Mansilla, "El Monito", la ex voz del grupo de cumbia local La Camada. Una de las hipótesis indica que Logossou se negó a venderle estupefacientes a Mansilla y éste lo ejecutó.
Pero el fiscal de juicio Martín Chiorazzi, consideró que ese solo elemento aislado no alcanza para sostener un pedido de condena por homicidio y desistió de acusar. Los fiscales de juicio, por imperio, son los que sostienen las acusaciones en los debates orales, pero no están obligados a pedir condenas, ya que entre sus obligaciones tienen el control de legalidad de las pruebas y el deber de objetividad, pese a ser una de las partes en el proceso.
Tras el desestimiento, el Tribunal Oral Criminal V de La Plata ordenó la libertad del acusado, previo chequeo de que no tenga cuentas pendientes con la justicia.
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