Una mujer que se hacía pasar por abogada fue descubierta prestando servicios letrados en el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. La falsa profesional realizaba sumarios a personal que presta servicios en el ámbito de incumbencia de la cartera sanitaria, tarea que debe ser ejecutada por profesionales de las ciencias jurídicas, según establece el marco legal vigente.
Se trata de Georgina Rojas quien, se sospecha, para acceder al cargo falsificó un certificado analítico de la Universidad Católica de La Plata. Fuentes judiciales detallaron a 0221.com.ar que, al momento de presentar la documentación para acceder al cargo en Trabajo “le faltaban unas seis materias para recibirse”.
La amenaza de nuevas medidas de fuerza vuelve a encender el conflicto entre la AMP e IOMA en La Plata, por una deuda que ronda los $900 millones.
Los estudios se realizarán en los laboratorios de la Policía Federal. La querella pelea por un perito de parte que colabore en el caso Johana Ramallo.
La irregularidad fue detectada por el abogado Ezequiel Funes, quien asiste a un médico del hospital San Martín de La Plata, quien tiene un sumario abierto por problemas de convivencia laboral con sus compañeros de labores en el Policlínico.
Rojas es una de las sumariantes que tenía a su cargo instruir los legajos generados en el ámbito de injerencia del ministerio de Salud de la Provincia.
Durante un acto de defensa, el abogado Funes detectó inconsistencias técnicas en el sumario. Esa situación le llamó la atención y envió un escrito el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, desde donde confirmaron sus sospechas: la acusada no está matriculada.
Según el marco legal vigente, el decreto 4161/16 reglamentario de la ley 10.430 “el instructor deberá tener título universitario de abogado, escribano o procurador” y que los agentes con título universitario deberán estar matriculados en el colegio o consejo profesional respectivo, que realicen actividades propias de la profesión.
La defensa del médico solicitó la nulidad del sumario y la prescripción del mismo por entender que se violaron garantías del debido proceso legal.
Los funcionarios de la cartera laboral deben resolver dos situaciones: el planteo de la defensa y el pedido de traslado a la delegación Chivilcoy de la sindicada por falsificar un documento público y arrogarse títulos y honores que no le son propios por tener la carrera inconclusa.
El panorama es complejo, ya que se pueden decretar nulos todos los expedientes en los que actuó la falsa abogada.