martes 10 de septiembre de 2024

Abogados platenses en alerta por posibles sanciones en un proyecto de Ley

Desde el colegio profesional advirtieron que no apoyarán castigos para los letrados que, se sospecha, posee el texto del proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial bonaerense.

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El Colegio de Abogados de La Plata (CALP) salió al cruce de posibles sanciones para profesionales de ese sector que, se sospecha posee el proyecto de ley de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, que está en la etapa final de redacción.

La norma forma parte de la reforma judicial que impulsa el gobierno de María Eugenia Vidal en distintos fueros de la justicia bonaerense.

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Hernán Colli, presidente del CALP explicó a 0221.com.ar que si bien  todavía no se conoce el texto final de la reforma, pero ante versiones de que contenga sanciones para los abogados, desde la entidad que tiene el control de la matrícula profesional se oponen a cualquier tipo de sanciones severas para los profesionales de las leyes, por fuera de las que debe aplicar el colegio y que emanan de su comisión de Disciplina.

Además el colegio emitió un comunicado en el que “considera necesario reafirmar la necesidad de que las facultades disciplinarias en los ordenamientos procesales deben encontrarse reducidas al mínimo alcance, imprescindible para garantizar el funcionamiento del servicio”.

“El ejercicio pleno de la potestad disciplinaria es inherente al gobierno de la matrícula que ejercen los Colegios de Abogados, porque la misma se constituye en una garantía esencial para la vigencia cabal del derecho de defensa y de la independencia propia del ejercicio profesional”, según se lee en el documento publicado.

Colli explicó que llevaron sus observaciones ante autoridades del ministerio de Justicia provincial y no descartan realizar encuentros con legisladores provinciales antes que el proyecto se trate en la legislatura bonaerense.

Desde el CALP consideran que: “Las conductas dilatorias, indebidas y/o contrarias a la buena fe en los procesos judiciales resultan contrarias a las normas disciplinarias y éticas que rigen a la abogacía, correspondiendo renovar nuestro compromiso en pos de erradicar tales comportamientos, debiendo una eventual reformulación de objetivos e instrumentos verse precedida por el democrático debate entre todos los sectores involucrados”.

 

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