A punto de cumplirse 18 meses de su detención, la defensa del exsecretario general de la UOCRA La Plata Juan Pablo "Pata" Medina presentará la semana próxima una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, "por la falta de independencia de la Justicia" en la causa por la que permanece preso, en el penal de Ezeiza, acusado de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión.
La CIDH es una de las entidades del sistema interamericano de protección de derechos humanos, con sede en Washington DC, en los Estados Unidos. La Comisión está integrada por siete personas de reconocida trayectoria en Derechos Humanos, electos a título personal y no como representantes de ningún gobierno.
"Vamos a hacer es una presentación autónoma, no sería ningún recurso contra ninguna decisión de la Cámara, pero sí una denuncia autónoma en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestando la falta de independencia del juez federal de Quilmes, Luis Armella, que lleva adelante la causa", afirmó César Albarracín, defensor de Medina.
La última aparición en público del exjefe de los trabajadores de la construcción de la región capital fue el 7 de marzo pasado, por la tarde, en el Cementerio de La Plata, donde visitó la tumba de su hermana. Fue trasladado por el Servicio Penitenciario Federal con autorización judicial.
Medina está tras las rejas desde el 26 de septiembre de 2017, cuando quedó detenido luego de atrincherarse en la sede platense del gremio por cerca de ocho horas, mientras se ejecutaban más de 30 allanamientos en propiedades vinculadas a él.
Armella lo procesó por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión, trabándole un embargo por 200 millones de pesos, y en su fallo, el juez acusó a Medina de ser coautor penalmente responsable del delito de lavado de dinero "proveniente de un delito precedente agravado por haberse realizado como miembro de una asociación o banda formada para la comisión de hechos de esta naturaleza".
La defensa de Medina considera que "existe una falta de independencia del juez que lleva adelante la causa, ya que respeta un pedido del poder político para tomar su decisión y además afecta la libertad sindical", consideró Albarracín.
"Ese será el eje de la presentación que haremos la semana próxima con adhesión de varios gremios y asociaciones sindicales de la Argentina", concluyó.
Pero Medina también tiene cuentas pendientes en la justicia Penal de La Plata. En 2018 el juez de Garantías Juan Pablo Masi firmó la elevación a juicio de la causa por "coacción agravada", delito imputado por la fiscal Ana Medina.
En la investigación penal preparatoria (IPP) del juicio oral se plantea la hipótesis que Medina ordenaba “paralizar” obras cuando no se contrataba a personal de la bolsa de trabajo o el servicio de catering de la empresa Abril, cuyo dueño, Horacio Juan Homs, fue procesado en el fuero federal por lavado de activos. Otras de las empresas que prestaba servicios de almuerzo a los trabajadores de la construcción eran El Rey del Cielo SA y Mejor que en Casa SRL.
