"Nuestra vivencia con las empresas prestatarias es que hay normativas casi leoninas, donde el desarrollador se hace cargo de toda una obra de infraestructura, interna y externa, y muchas veces ni si quiera se devuelve esa obra con energía, ya sea con luz, gas o agua", sintetiza Valentín López Gastesi, titular de la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CDU) de La Plata.
El organismo, que nuclea empresas inmobiliarias y constructoras de la región capital, denuncia que "no hay planes claros de inversión, ya que se sabe dónde va a crecer la ciudad y aun así las empresas no realizan las inversiones previas para dotar el servicio". El oeste, sur y norte de La Plata, se expanden día a día sin tener garantizadas cuestiones básicas como la luz y el agua. "Esas zonas crecen con servicios diversos, con el empuje que le pone cada desarrollador", asegura López Gastesi e ilustra con un ejemplo: “A un socio de la CDU le pidieron que realice un gasoducto desde 19 y 32 hasta 501 y 133 para poder dotar del servicio al predio".
Un agente del área de Seguridad de la Municipalidad de La Plata fue denunciado por solicitar dinero a vecinos a cambio de promesas de trabajo en la Comuna.
La Universidad Católica de La Plata (UCALP) invita a sumarse a su propuesta académica, con más de 60 carreras de grado, posgrados y un enfoque integral.
"Ese tipo de obras no la puede hacer un privado, tiene que hacerla el Estado junto con las prestatarias, ya que involucra otros sectores ajenos a un solo emprendimiento. Pero como son monopolios, muchas veces no queda otra alternativa más que suscribir los contratos de adhesión", describe. Es que las grandes prestatarias piden dinero por adelantado en cada construcción u obra en la ciudad, como una forma de garantía de factibilidad del servicio. "Para construir un edificio de 10 pisos, Edelap cobra cerca de un millón de pesos. Uno desembolsa el dinero de antemano y encima, cuando terminás toda la construcción, no hay plazo de instalación de luz, algo que se ve en muchas cuadras de la ciudad con la cantidad de medidores que hay, siendo la luz de obra es más cara que la domiciliaria. Se termina pagando por adelantado un servicio deficiente, sin que se hagan las inspecciones o las obras terminadas", indica el desarrollador.
En ese sentido, ubica Edelap al tope de estos incumplimientos y pedidos de obra "extra", que exceden muchas veces la capacidad técnica y de pago que tiene una constructora particular. En segundo lugar está ABSA y en tercero Camuzzi, que "es la que mejor funciona en cuanto a tiempos y periodicidad, aunque también tiene la misma carga de tener que afrontar obras de infraestructura externas al predio".
La "falta de objetividad" del Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA) es otro factor a tener en cuenta, ya que según la CDU "no tiene la función controladora que debería tener" y descarta o desoye no solo los reclamos vecinales sino también los empresariales”.
Según la normativa de la ley 8.912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, los desarrolladores de loteos están obligados a realizar las "obras necesarias para la prestación de los servicios esenciales y dotación de equipamiento comunitario". Pero López Gastesi asegura que son las empresas las que tienen la obligación de llevar el servicio: “Nosotros deberíamos hacer la obra interna y no la interconexión". Como resultado de este "aprovechamiento", las empresas terminan "volcando esas obras para mejorar y cobrar el servicio en los alrededores de la obra, pero con el pago y la inversión del privado que la inició".
Por desde la CDU y la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires (Apymeco) vienen reuniéndose con legisladores de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de diseñar e impulsar un proyecto legislativo que garantice ciertas limitaciones a la hora de realizar obras de infraestructura. "Acá la potestad la tiene el Estado", resume el titular de la Cámara y recuerda que en su momento, antes de que se liberaran los precios de las tarifas de servicios públicos, las empresas alegaban falta de dinero, pero una vez que el Gobierno dio vía libre las tarifas continuaron en ascenso sin una inversión concordante.