Quien lo conformó fue el propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en declaraciones radiales. El carácter “remunerativo” del aumento significa una detracción parcial por los aportes de los trabajadores y un costo laboral adicional, por la carga de impuestos y aportes que deben afrontar los empleadores. En ambos casos, con destino al fisco y al sistema previsional.
Además, Moroni especificó que el aumento será a cuenta de los futuros aumentos que se acuerden en negociaciones paritarias entre sindicatos y empresas.
"Queremos que los sectores que perdieron poder adquisitivo recuperen lo más que puedan. Esto es un piso de la negociación salarial, queda incorporado al salario. No es un bono y será remunerativo”, sentenció.
Así es que el gobierno aplicará a los salarios privados la misma lógica que a las remuneraciones previsionales: un aumento de suma fija, que es proporcionalmente más importante para las escalas inferiores de ingresos y contribuye a achatar las diferencias.
Esto, a su vez, tiende a tener un mayor impacto sobre el consumo, al cual deja librado el efecto reactivador del reciente paquete de medidas que, por su componente fiscal, tiende a contraer la capacidad de demanda del sector privado.
El monto exacto del aumento aún no está del todo definido y el gobierno y las empresas están en un constante tire y afloje. Es que los empresarios argumentan que un aumento que se acercara a los 10.000 pesos sería muy difícil de pagar para las pymes, las empresas que están en sectores con dificultades o en algunas provincias del país.
Al respecto, el ministro declaró: “Vimos el mapa salarial luego de las últimas paritarias y en algunos sectores los sueldos básicos han quedado muy atrasados. Otros más o menos pudieron mantener la inflación y otros quedaron fuera del piso”.
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