La incesante devaluación genera asimismo un efecto sobre la faz reproductiva, incrementando el costo de vida de las familias de pequeños productores que, sumado a la incertidumbre en la relación costo/ingreso, corrompe las economías locales.
POLÍTICA FINANCIERA
Toda actividad productiva precisa de financiamiento, ya sea para inversiones en infraestructura, insumos o desfasajes productivos. La horticultura no es la excepción. Una hectárea de invernáculo sale aproximadamente (con un dólar casi a $40) unos $1.300.000; los costos de producción de una hectárea de tomate implican otro tanto. El desfasaje entre producción y comercialización puede ser de 1 a 5 meses para algunos productos, periodo en el cual el financiamiento no solo garantiza la producción si no también el sustento diario familiar.
Sumado a lo anterior es necesario tener en cuenta el riesgo climático y productivo, como pueden ser las tormentas, plagas y enfermedades. Las tormentas no sólo conllevan a una pérdida de la producción, sino que también destruyen los invernáculos acentuando la necesidad de financiamiento inmediato. Sin embargo, los casos de sucesos naturales (cada vez menos) extraordinarios, no son solventados por políticas públicas de sustento de la economía regional.
El horticultor, más aun el de origen boliviano, tiene un acceso restringido al sistema bancario, el cual no los contempla como actores económicos de relevancia para la provisión de créditos ajustados a las posibilidades del sector. De esta manera recurren a las casas de insumos, camioneros, consignatarios o prestamistas de dudosa fiabilidad, con tasas normalmente exorbitantes aun en relación a los bancos.
En el presente marco devaluatorio, con tipo de cambio flexible, las políticas económicas que buscaron generar alternativas de inversión distintas al dólar, en un intento urgido de control del mercado cambiario, implicaron un aumento irrisorio de la tasa de interés de referencia del BCRA. La misma actualmente se sitúa en torno al 60% anual, llevando a que las tasas de los créditos personales se ubiquen en torno al 120-140%. De esta manera, y teniendo en cuenta las restricciones de financiamiento de los pequeños productores, se comienza a paralizar la actividad económica local. Invertir con tasas de interés elevadas, en un contexto devaluatorio y de incertidumbre cambiaria, teniendo un producto no transable a comercializar y sumado al decrecimiento de la demanda, no puede llevar más que a un escenario de crecimiento nulo o negativo para este tipo de economías.
POLÍTICA FISCAL
El actual Gobierno, con ayuda de los medios hegemónicos de comunicación, está convencido que todos los males existen a partir de un fisco que gasta más de lo que recauda. Ante esa situación, no solo se busca disminuir el desfasaje vía reducción del gasto público, también se hacen esfuerzos por reducir los ingresos fiscales, sobre todo de aquellos provenientes de los sectores más pudientes. De esta manera el ajuste económico no solo impacta por el lado de la reducción del gasto sino también por la disminución en su poder de intervención vía desfinanciamiento.
A ello se le suma la disposición de entregar soberanía de decisión, a través de endeudamiento destinado a solventar no a la economía real, sino a la financiera, con el pretexto de lograr el equilibrio fiscal en forma “gradual”. Este endeudamiento trajo además un problema adicional: el creciente aumento del gasto destinado al pago de intereses de la deuda derivado de los acuerdos crediticios con prestamistas privados y más recientemente, el FMI.
En cuanto a su impacto en la economía popular, esta política constrictiva genera ahogo presupuestario en diversas instituciones con relación directa e indirecta al sector hortícola (educación, salud, INTA, Ministerio de Desarrollo Social). Lo cual derivó en despidos, caída en la obra pública y menor empleo afectandoaúnmás a una economía en proceso de contracción.
Pérdida de soberanía política, endeudamiento, reducción del Estado con consecuente disminución de su intervención en el sector hortícola, y caída en la demanda de hortalizas son los resultados de esta política fiscal.
POLÍTICA TARIFARIA
Desde fines de 2015 hasta la actualidad (y sin contar los aumentos que la devaluación del peso generarán) las tarifas de servicios públicos se incrementaron significativamente.
Más precisamente, el gas 1013%, la luz 1615%, agua 550%, sin contar el transporte público y la telefonía entre otros. En relación al impacto a nivel familiar, en la Argentina una familia tipo destinaba en diciembre del 2015 el 6 por ciento de los ingresos al pago de las tarifas. A mayo de 2018, sin contar la última corrida cambiaria, es el 21 por ciento el porcentaje que se utiliza para dicho pago.
El argumento del ajuste se basa en que los precios eran irreales, generados por subsidios elevados al sector. De esta manera se genera una distorsión que altera la matriz de costo/beneficio de los usuarios, llevando a que exista, según los argumentos neoliberales, un exceso de consumo al cual decidieron denominar “derroche de servicios”. Por y para ello, en el marco de un ajuste del gasto, se fueron quitando los subsidios, (sobre) compensando a las empresas con un aumento de tarifas. El desmesurado incremento se basa en referencias internacionales de precios para dichos recursos cuando en realidad los mismos son de procedencia nacional, con una relación de ingresos promedios totalmente distinta a la internacional como para hacer frente a dicho aumento del gasto familiar.
Para el caso del sector hortícola si bien no tiene un impacto directo el aumento en las tarifas de gas y agua, dado que no son servicios a los que tengan acceso, si sufren el impacto indirecto vía aumento de precios en servicios y alimentos. En el caso de los aumentos tarifarios en la luz el impacto es directo y afecta a la faz reproductiva y principalmente productiva. La luz es usada en las quintas básicamente para regar, triplicándose o en algunos casos cuadruplicándose el monto de las boletas de luz en los últimos meses. En promedio se paga mensualmente facturas que van de $6.000 a $7.000 por mes por hectárea.
POLÍTICA AGROPECUARIA
Finalmente, la política agropecuaria hacia el sector guarda coherencia ya que en parte es resultado de las políticas cambiaria, financiera, fiscal y tarifaria.
Durante el kirchnerismo, el Estado se limitó a políticas de reconocimiento, asesoramiento, visibilización y apuntalamiento de la Agricultura Familiar, pero sin intervenir en forma directa e integral sobre los factores identificados como constitutivos de las desigualdades y asimetrías que afectan a la agricultura familiar. Estas cuestiones estructurales son, entre otras: control de precios básicos, que aplica cualquier país protector de los pequeños productores, vía establecimiento de precios mínimos de referencia (que garanticen cubrir los costos de producción) y precios máximos (que eviten la especulación), intervención en el mercado de tierras, regulando contratos de alquileres y financiamiento para compra de la tierra, infraestructura y políticas focalizadas en relación a salud, educación y vivienda, entre otras.
Sin dudas, lejos de revertir la situación dejada, hace tres años se viene dando pasos hacia atrás. El desguace del Estado, el cierre de secretarías como la de Agricultura Familiar, desfinanciamiento de programas como el de Cambio Rural y la eliminación de derechos como el Monotributo Social Agropecuario son elementos que demuestran el total desinterés por el subsector, reducido en escala peromayoritario en número.
Peor aún, privilegia a la cúpula del sector, permitiendo el ingreso de sus representantes en los máximos cargos del Ministerio de Agroindustria, les reduce impuestos y quita regulaciones, en un contexto de fuerte devaluación del peso que no hace más que favorecer su posición en el mercado exportador.
A MODO DE REFLEXIONES FINALES
En días en que se interpela al mercado en vez de la ciudadanía, en donde se discute con el FMI las políticas de ajuste, se garantiza mediante endeudamiento soberano la especulación financiera y se generan transferencias multimillonarias a los sectores concentrados de la población, es necesario salir de la burbuja neoliberal y exigir -desde las organizaciones populares-políticas que privilegien a la economía real y popular, que se garanticen los derechos que se han ganado con anterioridad y que se luche por aquellos que aún no han respondido. Solo el Pueblo salvará al Pueblo.
*El artículo pertenece a rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos
