Diez integrantes civiles y policiales de la banda mixta con protección judicial que operaba en La Plata y que fue desbaratada hace un mes luego de 18 allanamientos, seguirán presos hasta el juicio oral ya que la jueza de Garantías avaló la investigación de la fiscal Betina Lacki y dictó la prisión preventiva. El único en ser liberado fue el policía Marcos Chiusaroli quien fue excarcelado por “inexistencia de delito”, tal como había planteado su defensor Oscar Salas, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.
La medida recayó sobre el excomisario mayor Gustavo Bursztyn (hasta su captura prestaba servicios en el Comando de Patrullas); el oficial Gustavo Mena (ya cesanteado por otra causa); Javier Ronco (con arresto domiciliario por un doble homicidio); Angel Custodio “Pipi” Yalet; Adrián “Quichua” Manes (detenido por el homicidio de Juan Farías, ex integrante de la banda); Carlos Bertoni (hermano del jugador de fútbol campeón del mundo ); Carlos “Macha” Barroso Luna; Jorge “El Fiscal” Gómez de Saravia; Héctor “Pepe” Vega; y el barra de Gimnasia, Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández.
En el requerimiento la fiscal consideró que todos integran una banda de delincuentes que “tomaron parte de una asociación” ilícita destinada a cometer “robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas” y precisó que “algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial”. El resto, a criterio de la fiscal, “conformaban grupos o parejas de trabajo que llevaban a cabo los hechos ilícitos”.
La división de roles está clara. Los policías Bursztyn y Mena liberaban las zonas para los robos de autos, fábricas y viviendas marcadas por el vendedor de seguros Bertoni. La mano de obra, logística, teléfonos y armas de fuego las aportaban Ronco, Yalet, Manes, Barroso Luna, Vega y Fernández. Si en alguno de los golpes algo salía mal, Gómez de Saravia era el encargado de hacer llamados telefónicos en los que simulaba ser fiscal o juez Federal para comenzar con el camino de la impunidad.

La jueza de Garantías consideró que todos conforman una asociación ilícita y quedaron tras las rejas, aunque las defensas ya preparan las quejas ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.
En relación a los últimos detenidos, el exjuez César Melazo, el lobista Enrique Petrullo y el exbarra Rubén “Tucumano” Herrera, seguirán detenidos, al menos, hasta mediados de septiembre cuando se resuelvan los planteos de la fiscal y las defensas.
La causa madre es el homicidio de Farías, un exconvicto que fue asesinado el 1 de diciembre de 2010 en su departamento de avenida 44 entre 26 y 27. En el marco de esa investigación existen varios testimonios que señalan una reunión para festejar el Día del Amigo, en la casa de un comisario en City Bell, de la que participó el exjuez Melazo.

Según los documentos judiciales a los que accedió 0221.com.ar en esa reunión se habló de ejecutar un robo en la casa de Roberto Zapata, exayudante de campo de Néstor Craviotto y Humberto Zuccarelli. Finalmente se había consensuado no ejecutar ese hecho, pero hubo alguien que tenía planes propios por fuera de la banda. Ese alguien, se sospecha, sería Farías, quien habría sido asesinado por el resto de la banda en el marco de un ajuste de cuentas.
El robo ocurrió en una vivienda de avenida 13 entre 70 y 71 de La Plata, cuando Zapata y su familia estaban ausentes de la vivienda en el festejo de un cumpleaños. Delincuentes ingresaron por los techos de la casa, tras practicar un boquete, y forzaron una caja fuerte existente en una de las habitaciones. En el interior, los delincuentes encontraron más de 60 mil pesos, alhajas y documentación. El dato sobre el botín que contenía ese domicilio lo habría aportado Bertoni, quien le había vendido una póliza de seguros a la familia.
LA GÉNESIS
Esta arista de la historia nunca había sido abordada por el fiscal Moran, el primero que investigó el homicidio de Farías. Tras su desplazamiento de la fiscalía, fue reemplazado por Lacky quien abrió una causa nueva para investigar otras hipótesis.

En esa nueva pesquisa se cruzaron datos telefónicos de las personas mencionadas en la reunión y se obtuvieron datos concluyentes, que luego fueron corroborados por escuchas telefónicas y análisis de comunicaciones. Policías, ladrones y convictos estaban en contacto entre sí.
Otra de las preguntas que surge apunta a determinar si la presencia del juez en la reunión tiene que ver con la cadena de delitos investigada. Esa es otra arista que es analizada por los investigadores.
También hubo otro dato que llamo la atención. Las filmaciones de cámaras de seguridad en la fecha del asesinato de Farías fueron editadas. El tramo crítico fue borrado de la grabación. Frente a la escena del crimen funcionaba una sucursal del Banco Santander Río con cámaras propias que monitorean y registran los movimientos, durante las 24 horas. Esas imágenes quedan guardadas en una copia de seguridad pero, llamativamente, cuando tardíamente el fiscal Moran las solicitó, desde la entidad bancaria alegaron que “por error” se había borrado un tramo. Una gran cadena de casualidades que atentaban contra el esclarecimiento del homicidio.
En esta etapa de la investigación, Manes fue detenido luego del testimonio de una vecina del edificio donde vivía Farías. La mujer aseguró que por la mirilla de la puerta de su casa vio “de espaldas” a uno de los autores del homicidio. En una insólita rueda de reconocimiento donde los sospechosos estaban todos de dorso, la testigo dijo estar “casi segura” al señalar a Manes. Con esa prueba lo detuvieron en un penal. Luego fue beneficiado con arresto domiciliario, pero lo descubrieron vendiendo drogas y lo devolvieron tras las rejas, donde espera el juicio.

En la causa madre, según testimonios, se destaca que Manes y el expolicía Mena fueron socios en una concesionaria de autos usados y en un lavadero de autos en la zona de Altos de San Lorenzo, pero, se sospecha, esos comercios eran la fachada en la que enmascaraban la verdadera actividad: narcomenudeo de mediana intensidad. Todo eso será posible materia de análisis en el juicio oral.