La megabanda criminal integrada por policías y ladrones que operaba en La Plata quedará detenida hasta el juicio oral en caso de prosperar el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscal Betina Lacki, quien dio por probado su hipótesis de investigación y elevó el requerimiento a la jueza de Garantías, Florencia Butiérrez, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.
Los once detenidos están acusados de “asociación ilícita, tenencia ilegal de armas de guerra y de uso civil, robo y homicidio agravado” entre otros delitos. Su cuadro de situación se va agravando con el correr de los días. El juez Guillermo Atencio ya había rechazado los pedidos de excarcelaciones realizados por las defensas oficiales y particulares, dada la gravedad de los delitos investigados, entre ellos, asociación ilícita. El mismo temperamento adoptó la Cámara de Apelaciones y Garantías con los habeas corpus presentados por las defensas.
El médico residente sancionado en el Hospital San Martín presentó un descargo administrativo y pidió levantar la suspensión preventiva que pesa sobre él.
Las iniciativas incluyen charlas, vacunación de calendario y entrega de repelentes en distintos puntos de La Plata durante esta semana.
Ahora la nueva jueza a cargo del Juzgado de Garantías 6 de La Plata debe determinar si todo lo actuado hasta el momento es correcto.
Los once detenidos se negaron a declarar. Lo hicieron los expolicías Gustavo Bursztyn, Gustavo Mena y los civiles Jorge Gómez Saravia alias “El Fiscal”, Adrián Oscar “Quichua” Manes (detenido por el crimen de Juan Farías, posible exintegrante de la banda) y Carlos Bertoni, vendedor de seguros y hermano del exdelantero de Independiente, Daniel Bertoni.
También se llamaron a silencio el barra de Gimnasia Martín Ezequiel Fernández alias “El Gaucho”; Javier Ronco, Carlos “Machaca” Barroso Luna, el exteniente Marcos Chiusaroli, Ángel “Pipi” Yalet y el convicto Héctor Vega, detenido en la cárcel de Olmos por un intento de homicidio en un boliche de La Plata.
La fiscal relevó a la Policía bonaerense del caso y se apoyó en fuerzas federales para avanzar en la pesquisa. La causa cuenta con más de tres años de acopio de escuchas telefónicas en las que aparecen involucrados nombres del exfiscal Tomas Moran y del exjuez de Garantías, César Melazo, quien renunció al cargo luego del avance del juicio político por su gestión. Ambos niegan los cargos.
También salió a escena el nombre de un fiscal y de un juez de Garantías, ambos en actividad en el departamento Judicial de La Plata, pero esa trama de la investigación está en el inicio y por ese motivo los nombres se mantienen en reserva.
Se sospecha que los magistrados dieron algún tipo de protección judicial o beneficios procesales a cambio de fuertes sumas de dinero en dólares. La hipótesis de investigación llega hasta Casación bonaerense, donde también hay sospechas de venta de arrestos domiciliarios a cambio de dólares.
La causa madre es el homicidio de Farías, un exconvicto que fue asesinado el 1 de diciembre de 2010 en su departamento de avenida 44 entre 26 y 27. En el marco de esa investigación existen varios testimonios que señalan una reunión para festejar el Día del Amigo, en la casa de un comisario en City Bell, de la que participó el exjuez Melazo.
Según los documentos judiciales a los que accedió 0221.com.ar en esa reunión se habló de ejecutar un robo en la casa de Roberto Zapata, exayudante de campo de Néstor Craviotto y Humberto Zuccarelli. Finalmente se había consensuado no ejecutar ese hecho, pero hubo alguien que tenía planes propios por fuera de la banda. Ese alguien, se sospecha, sería Farías, quien habría sido asesinado por el resto de la banda en el marco de un ajuste de cuentas.
El robo ocurrió en una vivienda de avenida 13 entre 70 y 71 de La Plata, cuando Zapata y su familia estaban ausentes de la vivienda en el festejo de un cumpleaños. Delincuentes ingresaron por los techos de la casa, tras practicar un boquete, y forzaron una caja fuerte existente en una de las habitaciones. En el interior de la caja fuerte, los delincuentes encontraron más de 60 mil pesos, alhajas y documentación. El dato sobre el botín que contenía ese domicilio lo habría aportado Carlos Bertoni, quien le había vendido una póliza de seguros a la familia Zapata.
LA GÉNESIS
Esta arista de la historia nunca había sido abordada por el fiscal Moran, el primero que investigó el homicidio de Farías. Tras su desplazamiento de la fiscalía, fue reemplazado por Lacky quien abrió una causa nueva para investigar otras hipótesis.
En esa nueva pesquisa se cruzaron datos telefónicos de las personas mencionadas en esa reunión y se obtuvieron datos concluyentes, que luego fueron corroborados por escuchas telefónicas y análisis de comunicaciones. Policías, ladrones y convictos estaban en contacto entre sí.
Otra de las preguntas que surge apunta a determinar si la presencia del juez en la reunión tiene que ver con la cadena de delitos investigada. Esa es otra arista que es analizada por los investigadores policiales.
También hubo otro dato que llamo la atención a los investigadores. No existen filmaciones de cámaras de seguridad en la fecha del asesinato de Farías. Frente a la escena del crimen funcionaba una sucursal del Banco Santander Río con cámaras propias que monitorean y registran los movimientos, durante las 24 horas. Esas imágenes quedan guardadas en una copia de seguridad pero, llamativamente, cuando tardíamente el fiscal Moran las solicitó, desde la entidad bancaria alegaron que “por error” se habían borrado. Una gran cadena de casualidades que atentaban contra el esclarecimiento del homicidio.
En esta etapa de la investigación, Manes fue detenido luego del testimonio de una vecina del edificio donde vivía Farías. La mujer aseguró que por la mirilla de la puerta de su casa vio “de espaldas” a uno de los autores del homicidio. En una insólita rueda de reconocimiento donde los sospechosos estaban todos de dorso, la testigo dijo estar “casi segura” al señalar a Manes. Con esa prueba lo detuvieron en un penal. Luego fue beneficiado con arresto domiciliario, pero lo descubrieron vendiendo drogas y lo devolvieron tras las rejas, donde espera el juicio.
En la causa madre, según testimonios, se destaca que Manes y el expolicía Mena fueron socios en una concesionaria de autos usados y en un lavadero de autos en la zona de Altos de San Lorenzo, pero, se sospecha, esos comercios eran la fachada en la que enmascaraban la verdadera actividad: narcomenudeo de mediana intensidad. Todo eso será posible materia de análisis en el juicio, en caso que los testigos mantengan sus dichos de la instrucción penal preparatoria.