La votación final de los legisladores y autoridades provinciales que componían el Jury contra Arias terminó 9 a 2, con votos en disidencia de los diputados provinciales Santiago Révora (Unidad Ciudadana) y Pablo Garate (Frente Renovador). No obstante, según confirmaron a 0221.com.ar la defensa de Arias ya presentó un recurso extraordinario para apelar la decisión ante la Suprema Corte bonaerense y no descartan, eventualmente, llegar con su reclamo ante la Corte Suprema de la Nación.
El magistrado platense enfrentaba 21 cargos en su contra. Uno de los cuestionamientos que pesaban sobre el destituido juez era su actuación en el conteo de víctimas fatales en la trágica inundación de La Plata en abril de 2013. En particular sus peleas con el fiscal Jorge Paolini y con el juez Guillermo Atencio, ambos del fuero Penal de La Plata.
También se lo juzgaba por intentar suspender desalojos en tres localidades del Gran La Plata: Gorina, Abasto y San Carlos. En ese marco, durante las audiencias sostuvo que detrás de cada causa existieron intereses inmobiliarios y políticos. Señaló al Grupo Randazzo de La Plata, a la inmobiliaria Estudio Mattioli, al juez Atencio y al exjuez de garantías, César Melazo, sobre quien recordó los festejos de cumpleaños a los que iban los encumbrados funcionarios bonaerenses de turno.
El propia Arias publicó un peculiar tweet en su cuenta oficial de la red social para anunciar la decisión de la mayoría de los integrantes en su contra.
El tribunal estuvo encabezado por el actual titular de la Suprema Corte bonaerense, Julio Pettiagini, junto a cinco legisladores y cinco abogados. Los conjueces legisladores fueron el senador Roberto Costa (Cambiemos), una de las espadas de la gobernadora María Eugenia Vidal en la Cámara alta y en el Consejo de la Magistratura bonaerense. El otro oficialista que integró el jurado es el diputado Walter Carusso, también integrante del Consejo de la Magistratura provincial. Todos ellos votaron por la destitución.
También definieron la salida de Arias, los representantes de los Colegios de Abogados. Se trata de Fabián Ramón Gonzalez (Morón); Diego Alejandro Molea (Lomas de Zamora); Osvaldo Enrique Pisani (San Isidro); Ambrosio Luis Bottarini (Pergamino) y José Alberto Apaz (San Martín). Mientras tanteo que la oposición estuvo representada por los diputados Jorge D’Onofrio y Pablo Garate (Frente Renovador) y Santiago Révora (Unidad Ciudadana). Garate y Révora votaron por la inocencia de Arias pero no fue suficiente.
El procurador general bonarense, Julio Marcelo Conte Grand, fiscal del juicio, acusó al juez Arias de: incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones; el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo; comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido; intervención activa en política; y “toda otra acción u omisión que implique defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura”, todas figuras contempladas en al artículo 21 de la ley de enjuiciamiento de magistrados (Ley 13661).
El funcionario vidalista consideró que el juez, con su accionar “pretendió crear otro sistema que, a su juicio, mejoraba la tutela de derechos” pero eso marcó un “flagrante desprecio al orden constitucional”.
Las partes fueron citadas a las 12.30 de este miércoles, luego se pospuso para las 16 y finalmente la lectura de la resolución fue cerca de las 20. Varias horas de espera y ansiedad marcaron el final (hasta el momento) de la carrera judicial del único magistrado que dictó una sentencia que quedó firme para establecer una cifra de muertos por la trágica inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata.
Antes del inicio del jury, Arias en conferencia de prensa, aseguró que el poder económico no le perdona haber intentado ponerle techo al aumento de tarifas y que su juicio político es una persecución del gobierno provincial, por dictar resoluciones no alineadas con las políticas del Ejecutivo bonaerense.
El exmagistrado también enfrenta un proceso penal que está en manos del fiscal Marcelo Romero, quien lo procesó por dos delitos. Ya fuera del cargo, el fiscal tiene el camino allanado para avanzar en la investigación.
