La Defensoría Ciudadana, una herramienta de reclamo para los platenses destinada a fallar

También le corresponde fiscalizar el accionar de concesionarios o prestatarios de obras y servicios públicos, además de recibir quejas y denuncias por parte de los ciudadanos respecto de cuestiones relacionadas al medioambiente y los derechos humanos. Es decir, quien se haga cargo de la Defensoría tiene un importante paquete de deberes a cumplir.

El último artículo de la ordenanza estipula que “los recursos para atender los gastos que demande el cumplimiento de la presente provienen de las Partidas que la ordenanza de Presupuesto asigna al Concejo Deliberante”, que para este año recibió casi 128 millones. Por eso la Defensoría no tiene empleados propios sino varios contratados y apenas dos trabajadores “prestados” del Deliberante, los únicos con planta permanente. También cuenta con diez cajas chicas al año de 5 mil pesos cada una. El año pasado esa caja era de 1.300 pesos.

UNA DESIGNACIÓN CON LA MARCA DE CAMBIEMOS

La designación de María Florencia Barcia al frente de la Defensoría Ciudadana responde a la lógica cambiemista de administrar el poder. Es que Barcia, odontóloga de profesión, fue precandidata a concejal en la interna local del 2015 en la lista del radical díscolo Sergio Panella, y luego se desempeñó al frente de la dirección de Asuntos Institucionales del gobierno de Julio Garro.

La salida de la ex defensora Monserrat Lapalma después de dos mandatos se tradujo en la postulación de más de 70 candidatos hacia fines de 2016. Barcia compartía esa lista con especialistas de la talla de Henry Stegmayer, Roberto Daoud y Pedro Sisti y también con una favorita del macrismo, Carolina Barros Schelotto, quien luego terminó accediendo a una banca como diputada.

Más allá de la experiencia –o no- en temas de defensa al consumidor y auditoría, el hecho es que en La Plata es la primera vez que este órgano queda en manos de un oficialista. Lo mismo ocurre a nivel provincial con la Procuración General, cuyo titular Julio Conte Grand era secretario de Legal y Técnica de María Eugenia Vidal; con la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) a cargo de Luis Ferella y, hasta hace pocos días, con la Contaduría General,  en manos de la ahora expulsada Fernanda Inza.

Esta clara afinidad política se ve reflejada en la poca fiscalización que la Defensoría realiza con el departamento ejecutivo local. De hecho desde la asunción de Barcia no se pidieron informes al Gobierno municipal; este año apenas se presentó un proyecto de ordenanza para que los clubes de Gimnasia y Estudiantes tengan una audiencia con la Defensoría y así poder interiorizarse sobre la situación de las pensiones, luego de lo que fue el escándalo por abusos en los clubes de Independiente y River.

A pesar de esto, en la Defensoría sí trabajan con reclamos y quejas vecinales. De hecho la atención al público es por defecto casi la única actividad que se realiza en las oficinas, ubicadas en calle 53 entre 5 y 6. Allí se inician los expedientes y se remiten luego a las distintas secretarías, aunque por la burocracia y  los laberintos administrativos, muchos quedan en el camino.

RADIOGRAFÍA

La oficina de la Defensoría Ciudadana cobija en total a 14 personas. Dos son la defensora y el defensor adjunto, Tulio Marchetto; otros dos están “de pase” de la Municipalidad, seis son ‘heredados’ de la gestión de Lapalma y cuatro fueron incorporados en esta gestión. Tres del plantel son abogados y la gran mayoría, administrativas. El organismo no tiene página web oficial y, aunque realizó campañas de difusión y prevención con folleterías -sobre vacunación, seguridad vial, pintadas en las calles, tercera edad y espacios públicos, entre otros- su llegada al ciudadano es muy acotada.

Como se dijo anteriormente, la Defensoría no cuenta con presupuesto propio y por lo tanto no tiene empleados que le respondan directamente. Es el Concejo el que regula cuánto dinero dispondrá el área, y  el que regula también la caja chica. Según pudo saber 0221.com.ar, el primer gasto de 5 mil pesos de este año ya fue presentado y está a la espera de aprobación, por lo cual no se iniciaron gastos, todavía, de una segunda partida.

Según un anticipo del informe anual al que pudo acceder este medio, la enorme mayoría de las consultas que se realizan en la Defensoría tienen que ver con la reparación histórica de los jubilados. Un 50% de las consultas fue por ese motivo,  mientras que el arbolado –pedidos de poda, por ejemplo- figura como segunda causa de consulta con un 12%. Le siguen ruidos molestos, con un 8% y el asesoramiento por distintos trámites también con un 8%.

Otro dato es que la mayoría de las consultantes son mujeres (un 56%) y jubilados (68% con más de 60 años, 30% de 22 a 60 y apenas un 2% menores de 21).  El 67%  de los reclamos se dieron por problemáticas en el casco urbano, mientras que un 4% se iniciaron por la localidad de Altos de San Lorenzo, otro 4% por City Bell, otro 4% por Villa Elvira y un 3% por Gonnet.

Mientras que en los seis meses comprendidos entre 2016 y 207 se resolvieron 411 expedientes -enviados distintas dependencias municipales- el año 2017-2018 finaliza con un total de 695, 284 más que el período anterior. La mayoría habían sido remitidos a la dirección de Espacios Verdes (64) encabezada por Marcelo “Chuby” Leguizamón y a la secretaría de Convivencia y Control Ciudadano, dependiente de Roberto Di Grazia (52). Le siguen la secretaría de Obras y Servicios Públicos, la dirección de Alumbrado Público, la Agencia Platense de Recaudación (APR), la dirección de Residuos y los distintos centros comunales.

En lo que va de su gestión, Barcia no inició acciones judiciales. Su gestión, claramente limitada,  -producto en parte de su cercanía política con el Gobierno y en parte por la evidente carencia de presupuesto- se ve acompañada por una falta total de diálogo con el Concejo Deliberante. Según la ordenanza reguladora, el Deliberativo platense debería conformar una comisión de Enlace encargada de mantener la “coordinación y comunicación” entre el cuerpo legislativo y el Defensor. Debería estar integrado por un concejal de cada bloque y presidida por el presidente del Concejo, en este caso, Fernando Ponce. Se trata de otro espacio que podría decirse vaciado si al menos existiera. No es el caso.