Por Mariana Sidoti
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Por Mariana Sidoti
En diciembre de 2004, el gobierno de Julio Alak implementó la ordenanza 9880, un código del Espacio Público que rige el ordenamiento y uso de las plazas y calles de la ciudad. En su artículo 69, la norma prohíbe “aquellas actividades que conlleven riesgo de deterioro del espacio urbano e impliquen un impacto negativo en las condiciones de habitabilidad del mismo”.
Terminó el fin de semana de Pascuas y así estará el clima durante toda la semana en La Plata y la región.
La nueva bajada en 520 ya está lista y este martes se inaugura con el objetivo de mejorar el ingreso a La Plata y facilitar el acceso al Mercado Regional.
En 2003, el propio Alak también había modificado un artículo del Código Contravencional (Ord. 6147), delimitando las sanciones para distintas faltas como “la realización de publicidad o propaganda por cualquier medio, o la colocación de anuncios o carteles sin permiso previo”. También estipuló multas por “la realización de publicidad o propaganda no permitida y la colocación de anuncios o carteles en contravención a las normas que reglamenten las ubicaciones, alturas, distancias, magnitudes y salientes, o que no armonicen con la arquitectura de los edificios en que se efectúe”. Las sanciones van de los 500 a los 10 mil módulos y forman parte de una política restrictiva que poco y nada se cumplió a lo largo de los años.
Sin ir más lejos, su predecesor Pablo Bruera se encargó de pintar la ciudad –casas, baldíos y hasta instituciones- con los sténciles de “Bruera es agosto”, y durante la gestión profundizó la campaña política en lugares insólitos como postes de luz en el centro, en las circunvalaciones y las plazas.
Carteles no solo de papel sino de plástico, atados con alambre y cañas a los postes de luz; graffitis de todo tipo en las calzadas de la Autopista y hasta pasacalles fueron algunas de las alternativas –técnicamente ilegales- que encontró el bruerismo para hacer campaña política.
En estos años de gestión de Julio Garro la situación no ha cambiado demasiado. Los partidos y organizaciones políticas siguen utilizando la ciudad casi haciendo oídos sordos a las múltiples ordenanzas que rigen sobre el espacio público. Por caso, en este último tiempo se abrió la polémica por unos sténciles de la concejal Lorena Riesgo que se candidatea como intendenta para el 2019.
Los militantes de la edil pintaron dos macetas de cemento de las que suelen adornar las ochavas de diagonal 74 y otras esquinas de la ciudad, y un funcionario de la Municipalidad salió al cruce por el daño del patrimonio público.
En ese contexto, el dirigente del Pro platense y director del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata, Mariano Penas, publicó un peculiar video animado para criticar su accionar.
¿CHAU A LAS PINTADAS EN PLAZA MORENO?
Sin embargo, el súmmum de la polémica llegó este fin de semana por una demanda popular: la repintada de los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo, que habían sido arruinados días atrás por organizaciones de extrema derecha. Así, vecinos y militantes kirchneristas se congregaron el domingo para volver a pintar estos símbolos, cuando fueron cruzados por agentes de Convivencia y Control Ciudadano y algunas efectivas de la Policía bonaerense.
En concreto, los agentes pidieron que se retire la camioneta que había traído a la dirigente de Madres Hebe de Bonafini, ya que eso efectivamente viola varios artículos (142, 148, entre otros) del Código Contravencional. Efectivamente, la camioneta fue multada. Sin embargo, horas más tarde, el intendente Julio Garro puso el grito en el cielo por las pintadas, e instó al kirchnerismo a solicitar un permiso en el Concejo Deliberante antes de ejecutar estas pintadas.+
Lógicamente, la diputada K Florencia Saintout salió al cruce y acusó al jefe comunal de “autoritario” por no intervenir cuando los pañuelos fueron escrachados. En concreto, hay varias ordenanzas que prohíben las pintadas de Plaza Moreno (entre ellas la de Espacio Público y la de Publicidad).
Sin embargo, las imágenes de las Islas Malvinas, Julio López, Emilia Uscamayta, las marcas de la inundación y Johana Ramallo, entre otras que figuran en el suelo de Plaza Moreno, jamás fueron aprobadas por el Concejo Deliberante y podrían considerarse ilegales. Por su parte, el mural de las Islas Malvinas fue decretado de Interés Municipal (decreto 72) en 2016. Quedan abiertas varias incógnitas, entre ellas si lo que molesta al Ejecutivo son las pintadas o, por el contrario, el contenido de las mismas.