En un viernes cargado de amenazas de bombas en escuelas de La Plata, Berisso y Ensenada, los investigadores dieron con un menor de edad, presunto autor de una intimidación pública que generó alarma en la comunidad educativa. En este caso fue en Berisso, tras un procedimiento realizado en una vivienda de calle 175 entre 29 y 30.
Allí, los investigadores detectaron un teléfono celular con el que se realizaron las llamadas intimidatorias de amenazas de estallido de artefactos explosivos.
La fiscal en turno, Cecilia Corfield, detalló que el allanamiento lo solicitó “a partir de uno de los llamados sobre amenazas de bombas en colegios". "El 911 registró un número de teléfono y a partir de ahí le pedimos a la compañía que le presta el servicio que nos indique el nombre del titular y el domicilio de facturación. Así llegamos a esta vivienda en la que efectivamente el titular vive ahí, no así el menor que estaba en poder del equipo que usaría según sus familiares. Afirmamos que la voz es compatible con la que tenemos grabada de la amenaza”, detalló.
Al momento del operativo, el menor estaba fuera del domicilio, pero fue llamado por sus padres y se acercó para entregar el equipo de telefonía móvil. Sobre la situación judicial, la fiscal explicó que “penalmente no se pueden iniciar acciones sobre un menor como en este caso de 13 años, salvo que se compruebe una instigación por parte de un adulto”, pero aclaró que “sí el Municipio y la Provincia tienen la posibilidad de reclamar civilmente para que se paguen los gastos que surgen de estos operativos”.
Además la fiscal reveló a 0221.com.ar que este viernes último tuvieron denuncias por 22 casos de amenazas de bombas en escuelas de la región capital. La fiscal detalló que en cada caso de amenaza de bomba se moviliza a personal policial de “dependencias de la Departamental La Plata como la Brigada de Explosivos y de Caballería, junto a otras fuerzas de seguridad” y resaltó que “los chicos tienen que entender que por más que no tengan responsabilidad penal se están afectando recursos para otras cuestiones de seguridad”.
Por su parte, el comisario mayor Julio Poles, Director de Explosivos dependiente de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, comentó que “todos los llamados instigadores sobre escuelas de Berisso han sido negativos en cuanto a la existencia de explosivos u otros artefactos. Gracias al trabajo de la Fiscalía los resultados de los allanamientos sí han sido positivos”.
Las investigaciones por amenazas de bomba se despliegan en al menos nueves fiscalías de La Plata. Varios de los investigadores consultados revelaron que tiene detectado un patrón de conducta, ya que “no siempre el mismo número de abonado llama a la misma escuela, notamos que desde un mismo abonado se realizaron llamadas a distintos establecimientos escolares”.
Varias fuentes judiciales confirmaron que se allanarán todos los domicilios que sean necesarios para terminar con la ola de amenazas. Descartaron que exista intencionalidad política. “Son adolescentes que están aburridos, no quieren estudiar o lo hacen por diversión”, confiaron tres fiscales consultados. Lo que ocurre en las escuelas de La Plata, Berisso y Ensenda no es nuevo. Olas de amenazas de bombas a establecimientos escolares se registraron en Morón y Quilmes, donde los fiscales generales de ambos departamentos judiciales se dieron una estrategia para combatir el problema: crearon una fiscalía temática, centralizaron las investigaciones y en poco tiempo terminaron con el problema.
En tanto, por el momento, desde la Fiscalía General de La Plata (a cargo de Héctor Vogliolo) informaron ante la consulta de 0221.com.ar que “no hay ninguna medida especial” para aplicar y que, por el momento, cada fiscal en turno deberá lidiar con el problema. Además alegaron desconocer las exitosas experiencias de Morón y Quilmes.
Un dato que no es menor y resaltan varios actores judiciales consultados es el siguiente: "cada operativo de seguridad cuesta, a la fecha, entre 70 y 100 mil pesos, eso es de mínima lo que deberían pagar los padres de los menores que realizan amenazas de bombas". A ese monto hay que sumarle los intereses devengados durante el tiempo que dure el pleito judicial más los honorarios de los abogados y tasas judiciales.
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