Por Martín Soler
sábado 07 de diciembre de 2024
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Por Martín Soler
Mariano Bruera, hermano de Pablo (exintendente de La Plata), estuvo cara a cara con los jueces del tribunal que tendrán a cargo el juicio oral del caso conocido como “coimas del Procrear” y les solicitó el fin de la prisión preventiva y esperar del inicio del juicio en libertad, en su esbozo principal. La fiscal se opuso a todo, salvo que acredite sus planteos con la documentación correspondiente.
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El acusado está con arresto domiciliario. Su abogado, Alejandro Montone, abogó por el fin de la prisión preventiva y esperar el juicio oral en absoluta libertad. Como pedido secundario solicitó salidas laborales para volver a su puesto laboral en el Estado bonaerense y atender en un consultorio. Bruera es médico clínico y su lugar de trabajo en el Estado es en la Torre 1, ubicada en calle 12 entre 50 y 51.
Además solicitó permiso para viajar una vez al mes a la localidad bonaerense de Bragado, donde vive su padre que padece una grave enfermedad. En ese marco, detalló que se hospedaría en un hotel de la zona.
La fiscal de juicio, Victoria Huergo, se opuso al cese de la prisión preventiva, pero aclaró que si Bruera acompaña pruebas documentales que avalen sus dichos, analizaría de nuevo el caso, en particular los viajes mensuales y las salidas laborales.
El acusado deberá demostrar que es único sostén de familia con hijos menores de edad, para las salidas laborales; y el cuadro sanitario de su padre, para los viajes. En esa línea, los jueces que integran el Tribunal Oral Criminal II de La Plata (donde está radicado el expediente) realizaron preguntas al acusado para conocer aspectos de su vida personal y familiar, antes de finalizar la audiencia, confirmaron fuentes del caso.
Junto a Bruera están procesados el arquitecto Gustavo Petró y Enrique Sette, exsecretario de Planeamiento Urbano. Todos están con arresto domiciliario. En tanto el arquitecto Raúl Moratti, falleció el pasado 22 de mayo de un infarto, mientras permanecía detenido. Pocos días antes de su muerte fue visto pasear del brazo con su pareja por la República de los Niños, confirmaron fuentes del predio a este medio.
La causa se inició por la denuncia el abogado y empresario platense Guillermo Andreau en 2014. Asegura que los entonces funcionarios del gobierno municipal le pidieron 200 mil dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del Procrear.
Según la investigación del fiscal Jorge Paolini, los terrenos de Andreau eran considerados "reserva urbana" y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas.
Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado por la gestión de Pablo Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que Andreau recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero.
Todos los acusados están sospechados de integrar una asociación ilícita destinada a entregar beneficios del ex gobierno municipal a cambio de dinero.