En la resolución, el Tribunal reconoció que el gobierno ya realizó adelantos a cuenta del futuro aumento para que los maestros no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, aunque planteó que, de no haber acuerdo paritario, en julio deberán ajustarse los salarios en función del Índice de Precios al Cosumidor (IPC) que de a conocer el INDEC.
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En este contexto, los jueces Rodolfo Francisco Martiarena y Adela Eduarda Di Stefan declararon "la ultractividad de la cláusula convencional de paritaria salarial acordada por las partes en el año 2017 de adecuación semestral (cada mes de julio y enero, próximos) por variación de los índices de precios al consumidor emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, respecto a los sueldos del mes de enero de 2018".
La medida judicial surgió como respuesta a un recurso de amparo presentado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba).
En tanto, los magistrados rechazaron la querella por práctica desleal y sanción contra la provincia de Buenos Aires y ordenaron "negociar de buena fe en los términos del art. 4 inc. c de la ley 23546". Por otra parte, el gobierno bonaerense tiene la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte dentro de los 10 días desde que se dictó el fallo para recurrir la medida y evitar la aplicación de la cláusula.
El próximo lunes 25 de junio, en tanto, los gremios docentes se plegarán al paro general impulsado por la Confederación General del Trabajo que, además, contará con el apoyo de los trabajadores bancarios.