Por Mariana Sidoti
Por Mariana Sidoti
Una confusa situación se dio este miércoles en el Concejo Deliberante. Después de realizar ocho homenajes –entre los que se destacaron la Abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto y el ex DT interno de Gimnasia, Hernán “Indio” Ortiz-, el cuerpo recibió a Silvina Lasca y Paola Aguilar, dos madres integrantes de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAEd).
Por iniciativa de la concejala Ana Herrán de Castagneto, el bloque de Unidad Ciudadana impulsaba la declaración de interés municipal y socio-sanitario de esa organización, medida que se votó y aprobó por unanimidad. Mientras Lasca hablaba sentada en la banca del presidente del Concejo Fernando Ponce, éste se retiró y abrió el juego a que se votara una ordenanza que tenía destino a tres comisiones antes de llegar al recinto (debía haber sido tratada en comisiones antes de la instancia de votación).
En este punto las versiones se bifurcan. La oposición asegura que Ponce se retiró para ir al baño, dejando a la peronista y vicepresidenta del Concejo, Lorena Riesgo, a cargo del cuerpo. En el oficialismo, sin embargo, acusan que hubo un accidente que motivó la salida de Ponce mientras la activista hablaba.
Según pudo saber 0221.com.ar, dos empleados de la cafetería sufrieron quemaduras graves al derramarse una pava de agua hirviendo, el SAME intervino en la situación y Ponce salió a ayudarlos. Sin embargo, detrás suyo salieron casi todos los concejales de Cambiemos y solo quedaron en el recinto el presidente de bloque, Claudio Frangul, y sus pares Javier Mor Roig, Darío Musto, Franceso Arriaga y Florencia Rollié.
Con apenas 15 concejales presentes, Riesgo punteó el Sumario rápidamente hasta llegar al proyecto de la edil Ana Herrán de Castagneto, por el cual la Municipalidad de La Plata debía adherir a la ley provincial de Electrodependientes, que a su vez es la adhesión a la ley nacional sancionada en 2016.
Lo que incluía el proyecto de ordenanza era, además, una eximición de los impuestos municipales para las familias electrodependientes, sumado a los beneficios que la ley ya prevé: gratuidad total en el servicio eléctrico y la posibilidad de contar con un grupo electrógeno.
Rápido, el presidente del bloque de Unidad Ciudadana Gastón Castagneto pidió una moción para votar sobre tablas el proyecto de su mamá y salió exitoso con 11 votos contra 4: cinco de Unidad Ciudadana, tres del interbloque GEN-Frente Renovador, uno del PJ, otro del oficialismo –Rollié- y la misma Riesgo a favor; y Claudio Frangul, Javier Mor Roig, Darío Musto y Francesco Arriaga en contra.
Cabe destacar que el proyecto hubiese tenido que pasar por tres comisiones –Salud, Hacienda y Legislación- antes de ser votado en el recinto. Desde Cambiemos aseguran que pese a la presumible jugada opositora ellos iban a apoyar la iniciativa, pero no de esa manera. Al final, cuatro de los cinco concejales oficialistas que quedaron dentro del recinto votaron en contra.
La tensión entre ambas partes se sintió en el ambiente después de la aprobación. El oficialismo planteó más tarde que poco cambiará la situación de la Comuna frente a la ordenanza aprobada; sin embargo, en su artículo 2 la norma expresa la eximición de los impuestos municipales para todas las familias que figuren en el registro nacional de electrodependientes.
Silvina Lasca esperó dos horas de homenaje antes de poder hablar ante un recinto prácticamente vaciado. Antes de la aprobación de la ley en Provincia, su hijo Agustín corría riesgo de muerte cada vez que se les cortaba la luz. Junto a otros padres y activistas logró que la Legislatura bonaerense adhiriera a la ley nacional para Electrodependientes, que prevé la gratuidad del servicio eléctrico y un grupo electrógeno para el titular del servicio.
Declarando de interés socio-sanitario a la Asociación, "vamos a poder trabajar más libremente y llegando a más gente, haciendo charlas y eventos para difundir la situación. Hay muchas personas con familiares electrodependientes que no saben que tienen este derecho", comentó Lasca en diálogo con 0221.com.ar.
La activista explicó que las familias deben registrarse mediante un formulario y electrónicamente. Pero advirtió que "hay casos de febrero que recién ahora se están contestando" para ratificar si al paciente le corresponde o no la aplicación de la ley.
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