La Plata cuenta con “Programa de Generación de Suelo Urbano” a través del cual adhiere a la ley de acceso justo al hábitat y genera las condiciones para que quienes viven en zonas precarias puedan regularizar su situación. El proyecto, que fue debatido en la última sesión del año, fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante.
Con esta medida, se busca facilitar las condiciones para subdividir los predios y generar las condiciones de comercialización "a valores razonables y accesibles". Si bien no existe precisión respecto del alcance que puede tener la medida en la población beneficiada, fuentes comunales indicaron que ya existen expedientes iniciados que podrían encuadrarse una vez que la ordenanza sea sancionada.
La decisión, que fue comunicada a profesionales y afiliados de IOMA, comenzó a regir desde este sábado y afecta a la atención ambulatoria en la región.
Los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional indicaron que la temperatura máxima será de 32°C en La Plata. A la tarde, el tiempo empeorará.
El “lote social”, que tendrá como autoridad de aplicación a la Dirección de Tierra y Vivienda, está definido en los fundamentos de la ordenanza como “una unidad parcelaria mínima, apta y accesible para la materialización de un hábitat familiar digno”.
Asimismo, establece la posibilidad de “satisfacer al menor costo económico y social, los requerimientos y necesidades de la comunidad en materia de vivienda, así como la implantación de mecanismos legales, administrativos y económicos financieros para asegurar que el desarrollo y la renovación urbana se realice salvaguardando los intereses de la comunidad”.
Alcanza a terrenos que tienen que estar en zonas de “áreas urbanas” o “complementarias” según la zonificación del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT). Y entre los objetivos que se plantean aparece el de “promover el derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable” y “completar los ‘vacíos’ urbanos y ampliar sectores adyacentes no urbanizados, implementando la dotación progresiva de los servicios básicos de infraestructura”.
Excluye del programa a las parcelas que estén dentro del Área Rural, salvo que sean linderas con una zona residencial ya existente. En tanto que los proyectos de división que sean beneficiados deberán contemplar la dotación de los servicios básicos de infraestructura. Apunta a las condiciones necesarias para el acceso al agua potable y cloacas, suministro de energía eléctrica domiciliaria y alumbrado público. Para ello se tendrá en cuenta la infraestructura existente en las cercanías y su capacidad para soportar un nuevo enlace.
"Con esta normativa buscamos otorgar facilidades para la subdivisión del suelo, y así generar más lotes con servicios y obras de infraestructura básicas, a precios razonables y accesibles”, había destacado la secretaria de Desarrollo Económico, Ileana Cid cuando presentó la ordenanza. En esa línea, remarcó que “de esta forma vamos a promover la radicación de viviendas para que todas las familias puedan cumplir el sueño de tener la casa propia”.
EL TEXTO
La ordenanza contempla distintas obligaciones de los propietarios de los predios, entre las que se encuentra trasladar el 15% de la parcela al Municipio y asumir la gestión de las obras de infraestructura y la gestión de comercialización con una determinación del precio del metro cuadrado que será en base a la evolución del salario mínimo. Esto es último es una de las modificaciones incorporadas en el Concejo Deliberante, ya que el proyecto original determinaba el precio en base a las U.V.As. (Unidad de Valor Asquisitivo). Inicialmente se calcula que el valor de los terrenos rondará los 500 mil pesos.
También la Comuna tiene una serie de obligaciones, como dictar la factibilidad y eximir a los titulares del pago de derechos y sellos municipales.
El “lote social”, que tendrá como autoridad de aplicación a la Dirección de Tierra y Vivienda, está definido en los fundamentos de la ordenanza como “una unidad parcelaria mínima, apta y accesible para la materialización de un hábitat familiar digno”.
Y se plantea la posibilidad de “satisfacer al menor costo económico y social, los requerimientos y necesidades de la comunidad en materia de vivienda, así como la implantación de mecanismos legales, administrativos y económicos financieros para asegurar que el desarrollo y la renovación urbana se realice salvaguardando los intereses de la comunidad”.