Las concejalas Lorena Riesgo y Virginia Rodríguez, vicepresidentas primera y segunda respectivamente del cuerpo, se juntaron para presentar un proyecto de ordenanza para que se genere un protocolo de actuación ante denuncias de acoso sexual o violencia de género.
En rigor, lo que plantean las concejales en su proyecto es que se cree una comisión redactora del “Protocolo de actuación ante denuncias de acoso sexual y/o violencia de género” contra concejales, secretarios y demás personal del Concejo.
Juan Pablo Allan, concejal de La Libertad Avanza, no cobrará su salario como edil ya que continuará como titular del Registro Nacional de Armas hasta marzo.
Luego de que Sergio Resa dejara su puesto para asumir como nuevo concejal, el área que se encarga de la obra pública en La Plata tiene nuevo titular.
Dispone también que para la integración de esa comisión deberá convocarse a expertos en la temática de género de los colegios de abogados y psicólogos, de la UNLP y de ONGs que trabajen el tema.
La presentación, que ahora deberá abordar el cuerpo, es una de las primeras reacciones institucionales formales que se da después de que una ex empleada realizara una presentación contra el presidente del cuerpo, Fernando Ponce, quien a su vez replicara con una contradenuncia por “falsedad” e “interés político e intenciones de perjudicarlo”.
Entre los fundamentos, Riesgo del bloque PJ-FpV y Rodríguez del Frente Renovador Peronista, indicaron que “ante una situación tan delicada como la que está atravesando el Concejo Deliberante de La Plata, tiene que haber una respuesta institucional. Hoy estamos ante un momento histórico dónde muchas mujeres se animan a denunciar situación de acoso, de violencia o de abuso y es el estado en sus distintas dimensiones quién debe pensar mecanismos de intervención hasta tanto las justicia actúe y determine las culpabilidad o inocencia de las personas implicadas”.
Remarcaron también que “esos mecanismos deben ser de protección y cuidado de la víctima, al mismo tiempo de garantías de un procedimiento justo evitando el escarnio público que atenta contra el principio de inocencia”.
“Estamos ante un cambio de paradigma donde las mujeres no nos callamos más y es por eso que se vuelve imprescindible pensar nuevos dispositivos de intervención”, sostienen las autoras de la iniciativa.