Después de las fuertes declaraciones del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, que en marzo de este año aseguró que "mantener a los obispos cuesta 130 millones por año", la Iglesia Católica argentina comenzó un álgido debate puertas adentro que terminó con la decisión de renunciar, paulatinamente, a los subsidios que el Estado le otorga al credo a través de sueldos para obispos y auxiliares.
El SMN indicó cómo estará el clima en La Plata durante esta y la próxima semana. Se vienen días agradables en la previa de la primavera.
El nuevo sistema comenzó a regir este miércoles y llegará de manera gradual a toda la Argentina. El paso a paso para pagar el boleto con la SUBE digital.
Este viernes, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) decidió en sus deliberaciones que marchará con un esquema de "reemplazo gradual" de la subvención estatal a los obispos a un esquema de autosustentabilidad, con el fin de tener mayor independencia de los gobiernos.
Los obispos confirmaron "aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado (asignaciones a los obispados, becas para los seminaristas y parroquias de frontera), por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas, que ponían lo suyo en común", según un comunicado de la CEA.
Aunque en el Episcopado sostienen que el subsidio estatal representa apenas el 7% de los recursos económicos de la Iglesia, la demanda de cada vez más ciudadanos por la separación entre la Iglesia y el Estado agiliza la decisión.
En La Plata, la quita de sueldos al obispo diocesiano Víctor "Tucho" Fernández, el obispo emérito Héctor Aguer y los obispos auxiliares Nicolás Baisi y Alberto Bochatey suma un total de 2.035.800 pesos por año. Fernández actualmente percibe 46.800 pesos por mes; Aguer 40.950 y los auxiliares otros 40.950.
Eso es solo en sueldos. Más tarde, la Iglesia deberá ir renunciando paulatinamente a otras subvenciones, tales como becas y ayudas económicas. Queda pendiente el subsidio que reciben las escuelas católicas de gestión privada y las exenciones impositivas de las que goza la Iglesia gracias al artículo 2 de la Constitución Nacional.