jueves 28 de marzo de 2024

Piden prisión preventiva para tres acusados de pagar coimas y traficar influencias

La medida recayó sobre Cristian Heine, su esposa Lidia Perno y el operador político y judicial Enrique Petrullo. En esta causa también están involucrados el juez de Casación bonaerense Martín Ordoqui y su secretaria Eugenia Mercado.

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La fiscal Betina Lacki, a cargo de la megacausa conocida como “la banda del juez” pidió convertir en prisión preventiva hasta el juicio oral las detenciones que recayeron sobre Cristian Heine, su esposa Lidia Perno y el operador político y judicial Enrique Petrullo. En esta misma causa por coecho (pago de coimas) y tráfico de influencias, fueron imputados el juez de Casación bonaerense Martín Ordoqui y su secretaria Eugenia Mercado. Sobre ella hay una orden de detención suspendida por una serie de planteos realizados por el abogado Juan Ángel Di Nardo.

Se sospecha que Ordoqui (quien ya tiene una causa en curso por un arresto domiciliario) y su secretaria de Casación, Eugenia Mercado, recibieron dinero a cambio de otorgar el arresto domiciliario a Cristian Heine. Como nexo en la negociación habría participado el lobista político y judicial Enrique Petrullo, quien ya estaba detenido como integrante de la megabanda criminal.

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Heine y su esposa, Lidia Perno, fueron detenidos por el delito de cohecho activo (pagar coimas). Ordoqui y Mercado están imputados de “asociación ilícita, tráfico de influencia y cohecho pasivo (recibir coimas)”. En tanto, Petrullo deberá responder por los delitos de “asociación ilícita y tráfico de influencias”.

Las principales pruebas de este expediente son varias horas de grabación de escuchas telefónicas a los acusados.

El juez Ordoqui posee fueros y no puede ser detenido. Para concretar la medida debe ser destituido del cargo mediante un juicio político que tramita en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento que depende del Senado bonaerense. Este jueves 22 de noviembre, a las 11:00 horas, se realizará la audiencia definitiva en el salón Dorado de la cámara alta provincial.

Esta causa se abrió por la denuncia realizada por un juez de Garantías ante la Suprema Corte provincial. El magistrado estaba al control de un expediente en el que se investigaban usurpaciones de propiedades rurales en la provincia de Buenos Aires. En las escuchas telefónicas surgieron evidencias de la posible maniobra de pago de coimas y tráfico de influencias. La jueza que debe resolver las prisiones preventivas es la titular del juzgado de Garantías 5 de La Plata, Marcela Garmendia.

 

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