Los expedientes en curso que tienen a magistrados de La Plata en el centro de la escena, ya sea en el fuero Penal como en la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados, puso en relieve un dato de gestión que llama la atención en los pasillos de los tribunales y la política platense: el silencio del Colegio de Abogados de La Plata (CALP), presidido por Hernán Colli.
En la lista de magistrados en la picota figuran el juez de Casación bonaerense, Martín Ordoqui; el ex fiscal platense, Tomas Alberto Moran y el exjuez de Garantías de La Plata, César Melazo.
Ordoqui, Moran y Melazo son investigados en el marco de la megacausa denominada “la banda del juez”, en la que se indaga sobre una banda mixta de policías corruptos, narcos, asesinos y lobistas que operó en La Plata y Quilmes desde, al menos, el año 2008.
Según informa el portal Letra P, cuando el escándalo salió a escena, el procurador bonaerense Julio Marcelo Conte Grand aseveró que “todos sabían pero nadie actuaba”. Las esquirlas de esa declaraciones impactaron hacia el interior del gabinete bonaerense, en particular en la figura del actual ministro de Justicia y ex funcionario sciolista, Gustavo Ferrari. También fue un tiro al corazón de los colegios de abogados y magistrados, quienes integran el Consejo de la Magistratura bonaerense (órgano de selección y remoción de funcionarios judiciales) y tienen amplias facultades para denunciar a magistrados que cometan irregularidades o actúen al margen de la ley.
Desde aquella declaración del jefe de los fiscales bonaerenses, no se conocen expresiones públicas y orgánicas del CALP. El único caso que salió al cruce de las acusaciones fue el titular de la Asociación de Magistrados de La Plata, Víctor Violini, juez de Casación bonaerense, quien atacó fuerte al funcionario de adn macrista. El juez consideró que existe una persecución “política” del oficialismo sobre jueces que no resuelven en sintonía con los deseos de la Gobernación o Casa Rosada.
En los pasillos de los tribunales platenses es habitual escuchar a los abogados quejarse de la mala labor de ciertos jueces. Algunos denuncian los casos ante el Consejo Directivo del colegio profesional, pero nunca avanzan por los carriles institucionales.

La conducta política del CALP es siempre estar ligado al calor del oficialismo. Su ex Secretario, Enrique Saraví, es actual funcionario en el ministerio de Justicia bonaerense; la consejera Rosario Sánchez es subsecretaria de justicia provincial; Juan Pablo Augé, hermano del ex presidente Pedro Augé, pugna por ser juez federal. También la esposa del actual secretario general Pablo Agustín Grillo Ciocchini, María Cecilia Tanco, es la titular del juzgado Civil y Comercial 19 de La Plata. Esta familia judicial compuesta por abogados, políticos y jueces, es la que debe denunciar a malos magistrados, pero, el refrán popular indica que “entre bomberos no se pisa la manguera”.

El 18 de mayo pasado finalizaron las elecciones en el CALP donde triunfó el oficialismo, pero la lista radical “Nuevo Colegio” rompió el piso de la minoría y obtuvo dos bancas de consejeros que ocupan Miguel Abdelnur y Luis Menucci. Uno de sus ejes de campaña fue mayor control a los jueces y un rol más activo de los abogados en el Consejo de la Magistratura. Con traje de candidato y en campaña Abdelnur resaltaba que la actual conducción del CALP, en sus 42 años de gestión, “nunca” denunció a un juez en ningún fuero. Ambos consejeros ya llevan varios meses en el cargo y se espera que honren su palabra de campaña. Hasta ahora, no lo han hecho, en los términos de sus promesas electorales, adoptando actitudes similares al Movimiento Innovador que tiene la conducción de la entidad y a los consejeros de origen peronista que pasaron por la entidad.