Después de que el Concejo Deliberante ratificara el decreto por el cual el intendente Julio Garro adhiere al régimen de redeterminación de precios para obras públicas, la oposición en el Concejo Deliberante quiere conocer el listado de trabajos que serán incluidos en el mismo, así como los montos que se verán afectados por esa decisión y la fuente del financiamiento.
El pedido de informes ingresó la semana posterior a que ese régimen fuera aprobado en el recinto por el bloque PJ-FpV que integran Lorena Riesgo y Pedro Borgini y se centra en esas tres cuestiones:
- “Qué obras públicas que se ejecutan en la actualidad están en condiciones de solicitar redeterminación de precios”.
- “Si existen estimaciones de los montos extras que deberá abonar la Municipalidad por aplicación de la redeterminación de precios en los contratos”.
- “Con qué recursos se afrontarán los aumentos y qué partidas presupuestarias se verán afectadas por la implementación”.
Si bien el decreto tiene como objeto las futuras licitaciones, el pedido presentado por la oposición se centra, fundamentalmente, en las obras que ya están ejecutándose y que son alcanzadas por una cláusula provisoria que dispone que los contratistas podrán acogerse al régimen de redeterminación de precios dentro de un plazo de 45 días con una nota de adhesión y prestar acuerdo a la ponderación de la variación de precios que haga la Municipalidad.
Y en otra que incluye a las obras que fueron licitadas pero no adjudicadas, en cuyo caso la Municipalidad podrá optar por dejar sin efecto la licitación o solicitar a las empresas la aceptación de la aplicabilidad del decreto de redeterminación de precios según sus términos. En ese caso los oferentes deberán aceptar los criterios que aplique la Comuna con las condiciones que establece el propio decreto.
La importancia del decreto para la Municipalidad, según lo explicitó el secretario de Obras Públicas Luis Barbier en la nota en la que lo solicita, porque “es la única herramienta que garantizará la continuidad de la ejecución de los contratos en curso”.
Las obras que están contempladas en el régimen son las incluidas en la Ley provincial 6.021: “Las de pavimentación, repavimentación, cercos, veredas, urbanización, desagües pluviales y cloacales, aguas corrientes, redes de electricidad, iluminación y servicios públicos en general”. Y en función de lo que establece el artículo 44º de la Ordenanza General 165 de obras públicas, que contempla que “los precios se establecerán por obra terminada y sujetos al reajuste de las variaciones de costos que pudieran corresponder por incremento o disminución de ellos”.