El fiscal platense Leandro Heredia comenzó a ser juzgado por un tribunal político en el marco del jury iniciado por la exprocuradora general bonaerense, María del Carmen Falbo, pero esta trama tiene una historia particular.
El fiscal platense Leandro Heredia comenzó a ser juzgado por un tribunal político en el marco del jury iniciado por la exprocuradora general bonaerense, María del Carmen Falbo, pero esta trama tiene una historia particular.
En el año 2011, Heredia filmó con una cámara oculta a Pablo Oscar Farías, funcionario de la Procuración General bonaerense. Luego lo denunció por “coacción agravada” y “tráfico de influencias”. En la cámara oculta, el funcionario le advertía que era mensajero de Falbo, quien le pedía a Heredia la renuncia al cargo a cambio de no iniciarle un juicio político para su destitución. Cuando la grabación tomó estado público, avanzó el juicio político de Heredia, quien estaba al frente de una fiscalía en la localidad de Guernica, en el partido de Presidente Perón.
La denuncia penal radicada por el fiscal Heredia y la contradenuncia efectuada al día siguiente por el funcionario de la Procuración, no encontraron fiscal que las investigue en La Plata y fue girada al Departamento Judicial de Mar del Plata. El expediente pasó por todas las Fiscalías de Instrucción y Juicio de La Plata pero, con distintos argumentos, todos los letrados se excusaron de investigar a su jefa. La orden de excusación "fue emanada desde la Fiscalía General de La Plata", confirmaron fuentes del caso.
Ante este panorama, desde la Procuración General pidieron el expediente y lo giraron al Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello (uno de los "mimados" de Falbo) para que éste funcionario designe un investigador.
SONRÍA, LO ESTAMOS FILMANDO
El prosecretario judicial de la Procuración, Pablo Farías, fue filmado y grabado en el despacho que el fiscal Leandro Heredia ocupa en la fiscalía descentralizada de la localidad de Presidente Perón. En las imágenes se ve al funcionario cercano a Falbo intentando "convencer" a Heredia para que renuncia a su cargo. A cambio le prometía que iba a quedar sin efecto el jury y la denuncia penal en su contra.
Heredia rechazó el ofrecimiento y llevó la filmación junto a cinco audios y un escrito denunciando a la Procuradora y varios funcionarios por "coacción agravada" y "tráfico de influencia", delitos que tienen una pena en expectativa de 6 a 22 años de prisión.
La cámara oculta fue emitida por varios canales de noticias de alcance nacional. Farías se sintió agraviado y le envió un telegrama al denunciante: "Intímole plazo 48 hs para que ratifique o rectifique vía gráfica televisiva radial sus injuriosas manifestaciones sobre la persona del suscripto dando apercibimiento iniciar acciones penales y civiles correspondientes". La rectificación nunca se realizó.
La denuncia penal no es sólo contra Falbo y Farías. A la lista se suman los funcionarios Homero Alonso, Jorge Amorín y el fiscal de Quilmes Daniel Ichazo.
Para el juicio político, la defensa de Heredia solicitó que Falbo (actual asesora del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano) junto al subprocurador bonaerense, Juan Ángel de Oliveira, sean citados como testigos, pero el jurado se opuso.
En tanto está pautado que en la última audiencia del juicio se proyecte la cámara oculta que Heredia realizó al emisario Farías.
LA AUDIENCIA
Ana Irene Buiani es una de las propietarias de un campo ganadero usurpado en el año 2005. Los intrusos ingresaron custodiados por dos patrulleros policiales hasta el caso rural ubicado en Guernica.
En su relato destacó que el campo usurpado pertenece a su familia desde el año 1911 “con cuatro sucesiones registradas”. La mujer dijo que el jefe policial a cargo del operativo explicó que ingresaron a la propiedad privada “por una orden telefónica del fiscal Heredia”. Luego contó que intentó entrevistarse con el juez de Garantías Guillermo Atencio, quien la atendió en la puerta del despacho por unos pocos minutos.
Tras cuatro meses de pelea judicial, recuperaron su propiedad. Además denunciaron a los intrusos, causa que fue investigada por Heredia y parte de la banda fue condenada a tres años de prisión en suspenso. Los otros acusados serán juzgados en marzo de 2020, quince años después del hecho, todo un ejemplo de carreta judicial.
El segundo testigo fue Alberto Buiani, quien confirmó los dichos de su hermana Ana y detalló que el campo lo recuperaron de manos del entonces ministro de Seguridad, León Carlos Arslanián. “Hagan de cuenta que pasó un tsunami”, les dijo el funcionario.
“Lo que no se pudieron llevar, lo rompieron”, dijo el testigo y recordó que no les quedó ni una sola de las 800 cabezas de ganado de pedigree aberdeen angus. “Hace 13 años y todavía no tenemos sentencia”,, se quejó el testigo.
Luego declaró una mujer que denunció haber sido víctima de abuso sexual simple, pero la causa se cerró porque no se pudo determinar qué médico de un sanatorio de Guernica había sido el autor del manoseo de senos que sufrió, mientras estuvo internada.
La causa fue archivada por el fiscal Heredia y la resolución confirmada por el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo.
La acusación en el jury está a cargo del funcionario de Procuración General, Juan Pablo Fernández y la defensa en manos del abogado particular, Julio Beley. El jurado está integrado por los legisladores provinciales Walter Carusso (Cambiemos), Nidia Moirano (Cambiemos) y Lisandro Bonelli (Frente Renovador). Como conjueces abogados fueron designados Guillermo Sagues, Carlos Scavini y Gustavo Esparza. La presidencia del jurado está a cargo del titular de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo Julio Pettigiani.
La próxima audiencia será este martes a las 8.00 horas en el salón anexo del Senado bonaerense, ubicado en la esquina de 7 y 49.
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