Una asociación ilícita acusada de concretar una defraudación al Estado cercana a los 3 millones y medio de pesos fue desbaratada por la Policía de la provincia de Buenos Aires tras seis allanamientos realizados en La Plata y alrededores. De los cinco detenidos, tres de ellos eran empleados de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, organismo víctima de la estafa.
Los procedimientos fueron desarrollados por la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado en distintas viviendas de la ciudad, cuatro de ellas ubicadas en la localidad de Arturo Seguí. De acuerdo a la investigación, uno de los imputados -empleado de la Dirección de Educación- era el organizador de esta asociación delictiva que llevaba a cabo la defraudación.
“Ingresaba periódicamente con su clave personal al sistema informático, por el cual, varias personas cobraron mensualmente, en forma retroactiva y continua, por servicios laborales no prestados en los años 2017 y 2018”, dijo uno de los investigadores, quien advirtió que “la defraudación a la cartera sería por una suma aproximada de $ 3.467.350”.
De acuerdo a la causa judicial, estas personas figuraban como activas en el sistema informático cuando no prestaban servicios y cobraban a través del sistema de ticketera del Banco Provincia, mecanismo que no exige la apertura de cuentas de caja de ahorro y sólo basta con el DNI para la extracción del dinero.
La habilitación para dicho cobro depende exclusivamente de la nómina que mensualmente envía la Dirección de Educación al Banco Provincia y estaba a cargo del organizador de la banda. Las personas, a cuyo nombre se cargaban los servicios laborales concurrían a distintas sucursales y cobraban las liquidaciones de sueldo, adicionales y bonificaciones, cargados por el propio organizador de la asociación ilícita. “La modalidad de esta banda era acompañar a la persona que cobraba en ventanilla, le daban un pequeño porcentaje y se quedaban con la mayoría del dinero”, indicó otro de los jefes que intervino en la pesquisa.
En los allanamientos, la Policía secuestró 130.000 pesos, 2.500 dólares, celulares, tablets, computadoras de escritorio, notebooks, pendrives, documentación de cobro de haberes, constancias de operaciones bancarias, tarjetas de crédito y debido, registro de operaciones bancarias y llaves de cajas de seguridad entre otros elementos utilizados para la perpetración del ilícito investigado. Intervienen la UFI N° 16, a cargo del doctor Juan Cruz Condomí Alcorta, y el juzgado de Garantías N° 5, de la doctora Marcela Garmendia, ambos del Departamento Judicial de La Plata.
Redes Sociales