Elsa Fernández y su mamá, de 81 y 106 años, respectivamente; fueron noticia hace pocos días, cuando su difícil situación salió a la luz: las abuelas de Ringuelet, adeudan más de 27 mil pesos a Camuzzi por las abultadas facturas de gas a las que no pueden hacer frente y se acumulan unas tras otras. Si bien el último viernes su caso volvió a tomar un nuevo giro cuando el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, publicó una serie de comentarios explicando que la empresa decidió suspenderles el servicio quitándoles el medidor de gas, en esta ocasión decidió ir más allá y denunció penalmente tanto a Camuzzi como al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), quien oficia como ente regulador.
Formalmente la denuncia fue presentada en la secretaría N°2 del Juzgado Federal N°1 de La Plata a cargo de Ramiro Lemos Arias, bajo el título de “Presunta comisión del delito de desobediencia”. Según explicaron, la Defensoría fundamentó su planteo en el fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, de Dolores, quien prohibió realizar cortes o suspensión del servicio a clientes que no puedan pagarlo.
"Camuzzi le cortó el gas a Elsa, de 81 años, quien vive con su mamá de 106 y no puede pagar el servicio. Una muestra de que le importa poco y nada el sufrimiento de los más vulnerables", escribió días atrás Lorenzino en su cuenta de Twitter.
En tanto, la situación de las abuelas sigue siendo difícil: Elsa cobra una jubilación de 8 mil pesos mientras que Luisa una pensión de 15 mil. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando la primera de ellas perdió a su esposo y las tarifas de los servicios comenzaron a ser un verdadero dolor de cabeza, a tal punto de volverse impagables.
