El Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA analizó cómo influye en la opinión pública esta situación que daña la imagen de Javier Milei.
Un informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA reveló que el denominado "Caso Adorni" provocó un fuerte impacto en la opinión pública y generó niveles de negatividad comparables a la "foto de Olivos" durante la presidencia de Alberto Fernández. El estudio se realizó sobre 4.711 casos del AMBA.
El relevamiento mostró un alto nivel de conocimiento sobre el tema: el 97,3% de los encuestados aseguró haber escuchado o leído sobre el caso. Además, el informe indicó que el episodio logró atravesar la agenda mediática y convertirse en un tema de conversación pública con capacidad de afectar la confianza en el Ejecutivo nacional.
Según el trabajo, 8 de cada 10 consultados considera que el caso impacta directamente sobre la promesa presidencial de combatir "la casta" y la corrupción. En ese marco, el 66,5% sostuvo que existen hechos de corrupción "reales y graves", mientras que solo un sector minoritario interpretó el conflicto como una operación política contra el Gobierno.
El estudio también reflejó un fuerte deterioro en la percepción sobre Manuel Adorni. El 70,3% lo consideró "totalmente culpable", mientras que el 65,8% afirmó no creerle "nada" cuando responde públicamente a las acusaciones.
Para el Observatorio de Psicología Social Aplicada, el conflicto no afecta únicamente la figura del funcionario, sino que golpea uno de los principales activos simbólicos de Javier Milei: el discurso anti casta y anti corrupción. En ese sentido, el 79,9% señaló que el caso perjudica "mucho" o "algo" el argumento moral con el que el presidente llegó al poder. A su vez, el 62,5% consideró que la imagen del gobierno nacional empeoró a raíz del escándalo y el 74,9% sostuvo que el episodio perjudica políticamente a la administración libertaria.
El informe trazó además una comparación entre el "Caso Adorni" y la "foto de Olivos" que afectó a la gestión de Alberto Fernández durante la pandemia. Según el análisis, ambos hechos tienen en común la capacidad de erosionar la legitimidad política al exponer contradicciones entre el discurso oficial y las conductas de los dirigentes involucrados.
El trabajo remarcó que, pese a la fuerte polarización política, el caso consiguió perforar las defensas discursivas del oficialismo y consolidarse como un factor de desgaste para el Gobierno nacional.
Por último, el estudio reflejó un fuerte reclamo social vinculado al funcionamiento de la Justicia. El 71,8% consideró que el sistema judicial favorece la corrupción por la impunidad y la falta de sanciones efectivas, mientras que el 81,2% opinó que penas más severas ayudarían a reducir los hechos de corrupción.
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