Javier Milei modificó la Ley de Migraciones mediante el DNU 681/2026 e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso al país o cancelar la residencia de extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra argentinos o participen en actos de ultraje a los símbolos patrios. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.
El decreto modifica los artículos 29, 62 y 63 de la Ley 25.871. Según explicó el Poder Ejecutivo, el objetivo es fortalecer las herramientas del Estado para proteger "al pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional" frente a conductas que considera incompatibles con la convivencia democrática. La decisión también fue respaldada por un comunicado de la Oficina del Presidente.
En ese mensaje, el Ejecutivo vinculó la medida con las "recientes manifestaciones de hostilidad" contra la Argentina y sostuvo: "Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".
Los cambios que decretó Javier Milei
La principal modificación incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la norma, que habilita a rechazar el ingreso de extranjeros que hayan difundido mensajes de odio, de manera oral o escrita, contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por su nacionalidad. La restricción también alcanza a quienes inciten a la violencia por ese motivo.
Javier Milei sacó un nuevo DNU y endureció las normas para extranjeros en el país
Además, el decreto incorpora como causal haber realizado, participado o incitado actos de ultraje contra los símbolos patrios. Esos mismos supuestos fueron agregados al artículo 62, por lo que también podrán utilizarse para cancelar la residencia de extranjeros que ya estén en el país, medida que podrá derivar en una intimación para abandonar el territorio nacional o directamente en la expulsión.
El DNU también modifica el artículo 63 y dispone que, antes de resolver una expulsión o una intimación para abandonar el país, las autoridades deberán evaluar "las circunstancias fácticas y personales del interesado".
El texto aclara, sin embargo, que las expresiones de disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas no podrán ser consideradas causales de inadmisión o expulsión cuando constituyan un ejercicio legítimo de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional. Según los fundamentos del decreto, en los últimos años aumentaron "considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio" contra los argentinos, conductas que el Gobierno considera un riesgo para la convivencia y la paz social.