A partir de una investigación del fiscal Guillermo Marijuan, quien cruzó las bases de datos del plan Potenciar Trabajo con las planillas de empleados públicos de 14 provincias, el Gobierno de Javier Milei logró establecer que 4.588 empleados públicos eran beneficiarios del programa social. Ante este escenario, la flamante ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cartera que actualmente controla el plan, decidió dar de baja a el pago del beneficio otorgado -entre otros- por la entonces ministra de Desarrollo Social, la dirigente platens Victoria Tolosa Paz.
Hasta el 9 de diciembre el programa fue administrado por Emilio Pérsico (ex secretario de Economía Social) y estuvo bajo las dependencias de los ministros Daniel Arroyo, Juan “Juanchi” Zavaleta, y Victoria Tolosa Paz. Esta última y Pérsico ya habían sido imputados por el fiscal Marijuan, en al menos dos causas por no dar de baja a los beneficiarios que cobraban ese plan social por fuera de las normas establecidas, entre los que se encuentran 160 mil personas que viajaron al exterior en aviones privados, yates, autos y aerolíneas.
La funcionaria de la nueva gestión también ordenó una “auditoría de cero” para saber dónde está parada, ya que la información que dejaron en la Secretaría de Economía Social, "es como mínima, muy escasa, y poco confiable".
Según detallaron desde la cartera de Capital Humano, las 14 provincias investigadas hasta el momento son: Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
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Ya en el mes de noviembre, tras el resultado del balotage, Marijuan había solicitado las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social, aunque no todas contestaron e incluso algunas debieron ser intimadas por segunda vez.
En su investigación preliminar el fiscal los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública”. También apunta contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que “sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de las provincias y solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”, en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como “Caso Coirón Nro. 234746/2023″.
Potenciar Trabajo
A partir de la investigación de beneficiarios de 14 provincias del programa Potenciar Trabajo, el fiscal Marijuan detectó que 4.588 de las personas alcanzadas por el plan social eran empleados públicos.
El monto no es despreciable. Uno de los ejemplos tomados por la fiscalía federal fue la provincia de Jujuy, que con sus 652 presuntas incompatibilidades el gobierno de Alberto Fernández “destinaba en este caso, tal como se pone en evidencia en la descripción de los hechos, los beneficiarios involucrados ocultaron su condición de empleados del Gobierno de la Provincia de Jujuy, ya sea al momento de la solicitud del plan o durante la vigencia del mismo, a fin de acceder o mantener indebidamente el cobro del Programa Potenciar Trabajo”, describe la fiscalía y resalta que: “A través de la maniobra desplegada se provocó un error en el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, creyendo que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por la normativa, otorgó los beneficios solicitados o mantuvo la vigencia de los ya vigentes, generándose así un desprendimiento de fondos indebido que asciende a la suma aproximada de $50.800.000 mensuales”. Esto es $609.600.000 anuales.
El programa tiene como objetivo “promover la inclusión social de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica”, según lo establece las resolución que creó en 2020 el Potenciar Trabajo, y sus modificatorias 1625/2021 y 1868/2021 del entonces Ministerio de Desarrollo Social.
La normativa destaca que una de las incompatibilidades para recibir el plan es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.
A su vez, se puntualiza como incompatible “el ingreso y la permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.
