La Justicia Federal de La Plata declaró inconstitucional la resolución que derogaba el sistema de información sobre precios de la nafta y el gasoil.
La Justicia Federal de La Plata ordenó que las petroleras vuelvan a informar al Ministerio de Economía de la Nación los aumentos de los combustibles antes de aplicarlos. La decisión fue tomada por Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 2, a cargo de Alejo Ramos Padilla, que declaró inconstitucional la resolución que había eliminado esa obligación y dio lugar a un amparo colectivo.
La demanda fue presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) contra el Estado nacional y cuestionaba la Resolución N°717/25, que derogó el sistema de información sobre precios de la nafta y el gasoil.
La norma anulada había dejado sin efecto la Resolución N°314/16, que creó el Sistema en Línea de Información de Precios de Combustibles en Surtidor. Aquella herramienta, impulsada en 2016 por el entonces ministro Juan José Aranguren, reunía los precios de venta al público de las estaciones de servicio de todo el país y permitía compararlos. Pero además contaba con un canal para que los usuarios denunciaran diferencias entre los precios publicados y los cobrados en los surtidores.
Para el Cepis, la derogación implicó un retroceso en la protección de los consumidores porque eliminó una herramienta que garantizaba información inmediata, reducía la opacidad del mercado y facilitaba el control tanto estatal como ciudadano. También sostuvo que el nuevo esquema mensual no ofrece un nivel equivalente de protección.
El Gobierno nacional rechazó esa interpretación y argumentó que la información sobre los precios continúa disponible por otros mecanismos oficiales y plataformas digitales. En esa línea, también sostuvo que la eliminación de la obligación de informar cada modificación no vulnera el derecho constitucional de acceso a la información ni implica una disminución de los controles.
Al analizar la admisibilidad de la acción colectiva, el juzgado entendió que el planteo presenta una cuestión concreta vinculada con derechos de incidencia colectiva y detalló que el objeto del proceso consiste precisamente en determinar si la derogación del régimen que obligaba a informar rápidamente las modificaciones de precios puede afectar potencialmente a todos los consumidores de combustibles del país.
La Justicia Federal decidió anular la derogación de la normativa que obliga a la petrolera a informar los aumentos de los combustibles para analizar si dicha medida puede afectar a todos los consumidores del país
En paralelo, la Legislatura bonaerense analiza un proyecto presentado por la diputada Ayelén Rasquetti, del massismo, para que las estaciones de servicio informen las actualizaciones de los precios con 72 horas de anticipación.
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