El presidente de Argentina, Javier Milei, autorizó una transferencia ante la necesidad de sostener acuerdos con las provincias.
El presidente Javier Milei autorizó un adelanto de hasta $400.000 millones a los gobernadores y reactivó el diálogo político para impulsar reformas en el Congreso. El Gobierno nacional tomó la decisión ante la caída de la recaudación y la necesidad de sostener acuerdos con provincias para avanzar con proyectos legislativos.
La medida se formalizó mediante un decreto que se publicará en el Boletín Oficial. El esquema alcanza a 12 jurisdicciones con distintos niveles de vínculo con la Nación. El objetivo es aliviar tensiones fiscales y garantizar respaldo político.
El adelanto incluye provincias alineadas y otras con posiciones críticas. Entre estas, figuran Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones, junto a La Rioja, Tierra del Fuego, Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz.
En la Casa Rosada sostienen que el vínculo con gobernadores resulta clave para sostener la agenda legislativa. Sin esos acuerdos, el oficialismo no logrará reunir los votos necesarios para avanzar en proyectos.
El Gobierno busca retomar actividad política tras semanas de baja intensidad en el Congreso. En ese contexto, apuesta a reordenar la agenda pública y reducir tensiones internas.
El oficialismo planea sesionar el miércoles 8 en la Cámara de Diputados de la Nación. Allí buscará tratar la modificación de la Ley de Glaciares y el proyecto Hojarasca, dos iniciativas centrales para la gestión. La reforma sobre glaciares generó rechazo en sectores de la oposición. Más de 100.000 personas se inscribieron para participar en audiencias previas al debate en comisiones.
El proyecto cuenta con respaldo de provincias mineras. La iniciativa habilita actividades en zonas periglaciares que hoy tienen restricciones para la explotación de recursos. “Con el apoyo de esos gobernadores, otros aliados de las provincias y los bloques afines sentimos que vamos a tener los votos para poder aprobarla”, afirmó una fuente de alto rango en Diputados.
En el oficialismo consideran que existe una ventana política hasta agosto para sostener el ritmo de reformas. Buscan replicar la dinámica de las sesiones extraordinarias.
El adelanto financiero responde a una caída del 11,3% en la coparticipación durante marzo. La baja se dio en comparación con febrero y agravó la situación fiscal de las provincias. Las transferencias automáticas alcanzaron los $5,05 billones. En términos reales, esto implicó una pérdida superior a $1,15 billones en el primer trimestre del año.
Las provincias registran ocho meses consecutivos de deterioro en la recaudación. Esto generó presión sobre las cuentas públicas y obligó a buscar alternativas de financiamiento.
“Fue una buena jugada la del adelanto financiero a las provincias. Le sirve al Gobierno para ordenar la relación fiscal y financiera con los gobernadores”, señaló una fuente vinculada al Ejecutivo.
El esquema establece que los fondos deben devolverse antes de fin de año con una tasa del 15%. El Gobierno busca evitar que las provincias recurran a deuda externa con tasas de entre 30% y 45%. Las gestiones políticas fueron encabezadas por Diego Santilli desde el Ministerio del Interior y Luis Caputo desde el área económica. Ambos coordinaron los acuerdos con las provincias.
En las provincias advierten por el impacto de la crisis. “La situación es dramática, están todos preocupados sean del color que sea”, indicaron desde un distrito en diálogo con Nación. El vínculo también incluye negociaciones políticas. En La Rioja, funcionarios cercanos a Ricardo Quintela mantuvieron contactos con Martín Menem en busca de fondos y acuerdos institucionales.
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