El Gobierno modificó los mecanismos para nombrar jueces de la Corte Suprema, acortó los plazos y eliminó recomendaciones.
El Gobierno nacional oficializó este martes nuevas reglas para la designación de jueces de la Corte Suprema. A través del Decreto N°467/2026, eliminó instancias de observación ciudadana, redujo los tiempos administrativos y dejó sin efecto recomendaciones vinculadas a la diversidad de los candidatos.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y modifica los Decretos N°222/2003 y N°588/2003, establecidos durante la presidencia de Néstor Kirchner para regular la designación de jueces, fiscales y defensores públicos.
Investigadoras de la Facultad de Ciencias Exactas explican por qué la norma fue impulsada como respuesta a una problemática sanitaria concreta.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la instancia administrativa que permitía a ciudadanos, universidades y organizaciones presentar apoyos u objeciones a los candidatos propuestos para la Corte Suprema. El Decreto N°222/2003 obligaba al Gobierno a publicar los antecedentes de los postulantes al máximo tribunal y abrir un período para recibir observaciones e impugnaciones. Con la nueva normativa fueron derogados los artículos 3, 6 y 7, por lo que desaparece ese procedimiento dentro del Poder Ejecutivo.
En el Gobierno argumentaron que estas instancias duplicaban controles, ya que el Senado realiza audiencias públicas obligatorias y también recibe observaciones durante el tratamiento de los pliegos. No obstante, el Ejecutivo continuará obligado a publicar los nombres y antecedentes de los candidatos en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia.
Según explicaron en la administración nacional, la eliminación de este paso responde a la necesidad de evitar una "duplicación de instancias administrativas" y agilizar los tiempos para cubrir vacantes en el Poder Judicial.
La nueva norma también deja sin efecto las recomendaciones incluidas en el decreto de 2003 que sugerían contemplar criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional al momento de proponer candidatos para la Corte Suprema. De todos modos, el Gobierno de Javier Milei ya había dejado de lado esos lineamientos cuando postuló al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla para ocupar las vacantes en el máximo tribunal.
En paralelo, el Decreto N°588/2003 también fue modificado y establece que la integración de las ternas para jueces inferiores, fiscales y defensores públicos deberá publicarse durante un solo día. Los candidatos seguirán obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales e informar sobre sociedades, asociaciones, estudios jurídicos y clientes de los últimos ocho años. Para ello dispondrán de un plazo de 5 días.
El texto oficial sostiene que existe una "crisis institucional" derivada de la gran cantidad de vacantes en la Justicia nacional y federal y que los procedimientos vigentes generaban demoras innecesarias. Los cambios se producen en momentos en que el Gobierno aceleró el proceso para cubrir dichos cargos: según se informó, ya fueron enviados al Senado más de 100 pliegos de candidatos que aprobaron los exámenes del Consejo de la Magistratura y se obtuvieron acuerdos para 74 postulaciones.
En cuanto a la Corte Suprema, actualmente integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el presidente Milei hizo saber que prefiere completar las dos vacantes después de las elecciones de 2027, con la expectativa de contar con mayor fortaleza parlamentaria para obtener los dos tercios de los votos necesarios en el Senado.