La medida alcanza la actualización de salarios docentes y la recomposición de becas. La Justicia consideró insuficiente la documentación del gobierno.
La Justicia volvió a intimar al gobierno nacional para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y le otorgó un nuevo plazo de cinco días. El juez Diego Cormick consideró que la documentación presentada por el Ejecutivo no alcanza para acreditar el cumplimiento de la medida cautelar vigente.
La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 y alcanza a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Esas disposiciones establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas y la recomposición de distintos programas de becas estudiantiles.
Los docentes universitarios de la la ciudad y el país iniciaron un nuevo paro tras no obtener respuestas a sus reclamos salariales y presupuestarios.
El complejo estará destinado a estudiantes de grado y tecnicaturas de la UNLP. Habrá unidades para dos y cuatro personas y costará $120.000 por estudiante.
El Gobierno había presentado documentación para demostrar que avanzó en el cumplimiento de la cautelar y había solicitado que no se aplicaran multas. Sin embargo, el magistrado entendió que las medidas acreditadas fueron parciales y que no permitieron verificar que los aumentos se calcularan de acuerdo con los parámetros fijados por la ley.
Entre otros puntos, el juzgado señaló que el Estado documentó las convocatorias a negociaciones paritarias y distintas órdenes de pago, pero no demostró que los cálculos de las actualizaciones salariales hubieran contemplado las variables establecidas por la norma.
La ley establece que la recomposición de los haberes debe contemplar, desde el 1° de diciembre de 2023 hasta su sanción, una actualización no inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según la resolución, la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 fue del 312,19%.
El artículo 6 también contempla la recomposición de programas destinados a estudiantes, entre ellos las becas Progresar, Manuel Belgrano y de Enfermería, además de otros beneficios. El tribunal señaló que tampoco quedó acreditado el cumplimiento de esos parámetros.
La causa colectiva fue iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otros actores contra el Estado nacional a partir del conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La cautelar que ordenó cumplir de manera inmediata con los artículos 5 y 6 continúa vigente.
Con esta nueva resolución, el Gobierno tendrá cinco días para acreditar el cumplimiento de lo ordenado por la Justicia. El expediente continúa así abierto mientras el Ejecutivo sostiene que avanzó con las medidas necesarias y el tribunal evalúa que la documentación presentada todavía no resulta suficiente.
