El conflicto por el servicio de practicaje paraliza operaciones portuarias y ya impacta en el abastecimiento de combustibles en el país.
El Gobierno confirmó que aplicará sanciones por la paralización del servicio de practicaje, una medida que mantiene frenadas las operaciones en el Puerto La Plata y otras terminales portuarias del país y ya afecta el abastecimiento de combustibles, las exportaciones y una obra vinculada al desarrollo de Vaca Muerta.
La medida de fuerza comenzó tras la implementación del Decreto 690/2026, que modificó el reglamento del servicio de practicaje vigente desde 1991 y generó el rechazo de los profesionales encargados de asistir a los barcos en las maniobras de ingreso y egreso de los puertos.
La nueva normativa establece cambios como la posibilidad de que capitanes extranjeros con experiencia naveguen sin contratar prácticos, la ampliación de las dimensiones de los buques obligados a requerir asistencia, la eliminación del límite de cupos para nuevos profesionales y la habilitación de la Prefectura Naval Argentina para prestar el servicio.
Los prácticos, que no están organizados bajo una estructura gremial, resolvieron de manera coordinada no aceptar nuevos contratos. La decisión provocó la interrupción del tráfico fluvial pese a la intimación de la Prefectura para retomar una actividad considerada servicio público.
Desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) señalaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas están interrumpidas por la "indisponibilidad de prácticos por un conflicto cuyas causas son ajenas al sector que representan". Además, alertaron que la situación podría generar dificultades en la distribución de combustibles por problemas en el transporte.
El conflicto también golpea al sector agroexportador. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, advirtió que "cada demora de barco es un taxi que va cobrando entre 50 y 100 mil dólares por día" y señaló que "Argentina puede entrar en una lista de país sucio, un país inseguro a la hora de cumplir con sus contratos de exportación".
En Neuquén, la paralización también tuvo consecuencias sobre una obra estratégica. La construcción de una terminal del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) quedó detenida debido a las restricciones del puerto de Bahía Blanca, que impiden realizar las maniobras previstas.
La interrupción del servicio alcanza a terminales ubicadas desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay y afecta especialmente al Río de la Plata y al Río Paraná, corredores por los que circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas. Decenas de embarcaciones permanecen sin actividad.
El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que el Ejecutivo nacional aplicará sanciones a los trabajadores portuarios por el paro del servicio de practicaje que mantiene frenadas las terminales fluviales del país.
"No tengo detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero van a ocurrir", afirmó el funcionario durante su conferencia de prensa habitual de los martes en la Casa Rosada.
Ravier sostuvo que el conflicto surgió a partir del proceso de desregulación impulsado por la administración de Javier Milei para reducir los costos logísticos y generar mayor competencia dentro del sector portuario.
"El Gobierno está tratando de bajar el costo argentino y eso se resuelve con competencia, se busca permitir que puedan entrar nuevos 'jugadores' (al sector portuario) con precios más competitivos para lograr un costo menor", explicó.
Además, el vocero agregó: "La desregulación, que es parte de un proyecto que se debe enviar al Congreso, se aprobó con un decreto para adelantar los tiempos y que los costos logísticos bajen. Es un servicio esencial y estas personas tienen la obligación de mantenerlo. No tengo detalle sobre las sanciones, pero van a ocurrir".
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