El gobierno nacional apelará en los próximos días el fallo del juez federal Martín Cormick que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto que había condicionado su ejecución.
La Justicia ordenó al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y la Casa Rosada trabaja en una estratega para evitar afrontar el gasto previsto.
El gobierno nacional apelará en los próximos días el fallo del juez federal Martín Cormick que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto que había condicionado su ejecución.
La Casa Rosada trabaja en una estrategia judicial para evitar afrontar de inmediato el gasto previsto por la norma. La controversia gira alrededor del decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Financiamiento pero ató su aplicación a que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas al Presupuesto nacional.
Para el juez, esa condición implicaba en los hechos volver a frenar una norma ya ratificada. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, sostuvo que ambas cámaras ya habían rechazado el veto original del presidente Javier Milei y ordenó al Ejecutivo adoptar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para aplicar la legislación.
La resolución obliga además a avanzar con los aumentos y recursos contemplados en la norma para el sistema universitario.
La sentencia respondió a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra la suspensión de los fondos. La ley incluye partidas destinadas a salarios, becas, investigación, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios, mientras el Gobierno prepara la apelación para evitar su cumplimiento inmediato.
El conflicto se originó en 2025, cuando el Ejecutivo había vetado la Ley 27.795, pero el Congreso insistió con su sanción y reunió los dos tercios necesarios en ambas cámaras. La norma establece una actualización de los recursos destinados a las universidades nacionales y contempla medidas vinculadas con los salarios docentes y no docentes, becas, investigación, infraestructura y gastos de funcionamiento.
El fallo también se produce en medio de un nuevo escenario de tensión entre las universidades y el gobierno nacional. Los gremios reclaman una recomposición salarial y mayores partidas para sostener el funcionamiento del sistema, mientras que para el 15 de octubre está prevista una nueva Marcha Federal Universitaria. La movilización tendrá entre sus principales reclamos la aplicación de la ley y una actualización de los ingresos del personal universitario.
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