Autoridades sanitarias advirtieron sobre un retroceso en derechos, problemas de financiamiento y mayores barreras de acceso a la atención en todo el país.
Autoridades sanitarias de 18 provincias rechazaron la reforma de la Ley de Salud Mental impulsada por el Gobierno nacional. En el marco del Consejo de Salud Provincial (CoSaPro), advirtieron sobre un retroceso en derechos, problemas de financiamiento y mayores barreras de acceso a la atención en todo el país.
El proyecto encendió alarmas en gran parte de la Argentina. La iniciativa, enviada a la Cámara de Senadores por la gestión de Javier Milei, será presentada este lunes en el citado Consejo Federal de Salud (COFESA) por el secretario de Salud de la Nación, Mario Lugones, en un clima de fuerte resistencia encabezado por la provincia de Buenos Aires.
El debate se da luego del encuentro del CoSaPro, realizado la semana pasada en Mar del Plata; y donde el ministro bonaerense Nicolás Kreplak reunió a autoridades sanitarias de 18 provincias para analizar la situación actual y los posibles impactos de la reforma.
Según datos oficiales, durante el último año se registró un incremento del 77% en las internaciones por salud mental y del 134% en la demanda de atención ambulatoria. Estos indicadores encendieron una "profunda preocupación" en las jurisdicciones, especialmente por la problemática del suicidio y el deterioro en el acceso a los servicios.
En ese contexto, los funcionarios provinciales expresaron su "enérgico rechazo" a la iniciativa del Gobierno argentino. Argumentaron que el proyecto "implica un retroceso en materia de derechos al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente".
Del encuentro participaron representantes bonaerenses y de las provincias de La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis, quienes plantearon la necesidad de reactivar el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA) y remarcaron que "los padecimientos en salud mental tienen impactos de mediano y largo plazo y requieren políticas sostenidas en el tiempo".
En paralelo, durante el CoSaPro se desarrolló una asamblea con autoridades de los 135 municipios bonaerenses, donde también se manifestó un amplio consenso en contra de la reforma. Los gobiernos locales respaldaron el documento "Lineamientos para las políticas públicas de Salud Mental y Consumos Problemáticos en los municipios de la provincia de Buenos Aires" y reafirmaron el rumbo del Plan Quinquenal. Además, impulsaron la construcción de una política provincial de Atención Primaria.
En ese marco, ratificaron la defensa de la normativa vigente y advirtieron que "cualquier intento de reforma regresiva que limite derechos o reduzca el financiamiento solo agravará la crisis actual".
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