La reforma laboral prevé eliminar ocho impuestos nacionales y reducir el total de tributos, aunque la recaudación seguiría concentrada en pocos gravámenes.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y enviada al Congreso contempla cambios en la estructura impositiva que incluyen la eliminación de impuestos y una reducción del total de tributos vigentes. La iniciativa apunta a simplificar el esquema fiscal, aunque la recaudación seguiría concentrada en pocos gravámenes.
De acuerdo al análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), de aprobarse el proyecto el número total de tributos en Argentina bajaría de 155 a 147. En el plano nacional, los impuestos se reducirían de 45 a 37, lo que representa una caída del 18% en el stock de gravámenes federales.
El informe detalla que se eliminarían ocho impuestos nacionales considerados de bajo impacto recaudatorio. Entre ellos figuran el impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, a los videogramas grabados, a los servicios de comunicación audiovisual, a los objetos suntuarios y a los seguros, además de tributos sobre vehículos, embarcaciones, aeronaves de recreo y la telefonía celular y satelital.
Según el IARAF, si la reforma entra en vigencia y se mantienen sin cambios los tributos provinciales y municipales, la nueva estructura comenzaría a regir desde 2026. En ese escenario, los impuestos provinciales seguirían siendo 25 y los municipales 85, con escasas variaciones respecto de los últimos años.
El estudio también remarca que, pese a la gran cantidad de impuestos existentes, la recaudación se concentra en pocos tributos. Para 2025, seis gravámenes —IVA, aportes y contribuciones a la seguridad social, Ganancias, Ingresos Brutos, impuesto al cheque y derechos de exportación— explicarían el 85% de los ingresos consolidados del país.
En paralelo, un informe de la consultora PxQ advirtió que la reforma implicaría una reducción significativa de los costos laborales no salariales, aunque con impacto fiscal. Según el análisis, el Estado asumiría parte del costo futuro de los despidos mediante renuncia fiscal presente, lo que podría generar riesgos para la sostenibilidad de los ingresos públicos a mediano plazo.
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