La oposición buscará rechazar el decreto de Javier Milei el 15 de octubre. Podrían revertirse cambios en alquileres, prepagas, comercio y empresas públicas.
La oposición en Diputados buscará el 15 de octubre rechazar el DNU 70/2023, una de las principales normas del gobierno de Javier Milei. Si prospera, podrían volver a regir distintas disposiciones anteriores a diciembre de 2023, con efectos sobre los contratos de alquiler, las cuotas de las prepagas y las reglas del comercio, entre otras áreas.
Uno de los cambios más relevantes sería el regreso de la Ley de Alquileres, derogada por el decreto. Volverían las reglas anteriores para los contratos, con restricciones a la posibilidad de pactar libremente la moneda y los mecanismos de actualización.
También podría revertirse la desregulación de las cuotas de la medicina prepaga. En el ámbito laboral, volvería la obligación de permanecer un año en la obra social correspondiente a la actividad antes de poder ejercer libremente la opción de cambio.
En materia comercial, recuperarían vigencia la Ley de Abastecimiento, que contempla herramientas de intervención estatal sobre precios y condiciones de comercialización, y la Ley de Góndolas, que establecía pautas para la exhibición de productos de pequeñas y medianas empresas en supermercados.
La eventual caída del DNU también alcanzaría las disposiciones que habilitaron la transformación de empresas con participación estatal en sociedades anónimas, como parte del esquema previsto para facilitar su futura venta. En el sector tecnológico, podría revertirse la desregulación que permitió el ingreso de servicios de internet satelital como Starlink. En el comercio exterior, volverían a regir las disposiciones anteriores a los cambios introducidos en el Código Aduanero, mientras que el régimen de Compre Argentino recuperaría vigencia para las compras y contrataciones del Estado.
Sin embargo, el alcance concreto de una eventual derogación y sus efectos sobre las relaciones jurídicas existentes podrían abrir nuevas discusiones. El exdiputado Juan Manuel López advirtió sobre las consecuencias de modificar de manera abrupta relaciones jurídicas ya consolidadas.
Los bloques opositores impulsan una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de reunir los 129 diputados necesarios para abrir el debate. La iniciativa cuenta con el respaldo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Provincias Unidas, la Izquierda y la Coalición Cívica. “Vamos a voltear el DNU 70 y frenar el remate de la Argentina que Milei y el poder económico están buscando”, dijo la diputada Julia Strada.
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro cuestionó el uso del decreto para avanzar con reformas sin una discusión legislativa previa y sostuvo que esa estrategia generó inestabilidad jurídica. El debate también reavivó los cuestionamientos al funcionamiento de la Ley 26.122, que regula el trámite parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.
La eventual derogación no implicaría necesariamente que todas las reformas del Gobierno queden sin efecto de manera automática en cada caso. El alcance dependerá de las disposiciones alcanzadas y de las consecuencias jurídicas que se deriven de la decisión del Congreso.
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